Article 39 CE

1. Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.

2. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei farà possible la investigació de la paternitat.

3. Els pares han de prestar assistència completa als fills tinguts dins o fora del matrimoni, durant la minoria d’edat i en els altres casos en què la llei els hi obligui.

4. Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

Article 32 CE

1. L’home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica.

2. La llei regularà les formes de matrimoni, l’edat i la capacitat per a contreure’l, els drets i els deures dels cònjuges, les causes de separació i dissolució i els seus efectes.

Article 18 CE

Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Article 27 CE

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions.

Article 50 CE

Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.

La Sentència núm. 180/2001 de 17 setembre (també d’altres com: STC 222/1992, d’11 de desembre i STC 116/1999, de 17 de juny).

Este Tribunal se ha manifestado ya en diversas ocasiones sobre la incidencia que sobre el derecho a la igualdad proclamado en el art. 14 CE pudiera tener el distinto tratamiento de las uniones matrimoniales y no matrimoniales en orden a la atribución o reconocimiento de determinados derechos. Singularmente esta jurisprudencia se ha desarrollado a partir de controversias relativas al reconocimiento de pensiones de viudedad a quienes, habiendo convivido «more uxorio», sin embargo no pudieron contraer matrimonio por la inexistencia de divorcio en nuestro Ordenamiento jurídico que permitiese la disolución de un matrimonio anterior, así como en relación a la subrogación o continuación en la posición de arrendatario del conviviente no matrimonial en los mismos casos. La doctrina general contenida en estas Sentencias, la singularidad de los supuestos a los que se aplicó, y, finalmente, las peculiaridades del caso que ahora abordamos son los elementos que habrán de determinar la decisión que adoptemos.

El punto de arranque de nuestro enjuiciamiento está constituido por la afirmación de este Tribunal, reiterada últimamente en la … STC 155/1998, de 13 de julio (RTC 1998, 155) (F. 3), de que «el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes (ATC 56/1987 [RTC 1987, 56]) sino realidades jurídicamente distintas, por lo que, en principio, su tratamiento jurídico diferenciado y correlativamente, la diversa atribución de derechos y obligaciones, no es contraria al derecho fundamental a la igualdad que reconoce el art. 14 CE.

Concretamente, respecto del legislador la jurisprudencia constitucional ha declarado que le asiste un amplio margen de libre configuración de esas distintas formas de convivencia. No obstante, también hemos advertido que esa libertad de configuración legal no es absoluta. La regulación desigual de lo diferente sólo es constitucionalmente lícita cuando se ajusta a las exigencias derivadas del derecho a la igualdad.

Como se declaró en laSTC 222/1992 (RTC 1992, 222), “las diferenciaciones normativas habrán de mostrar, en primer lugar, un fin discernible y legítimo, tendrán que articularse, además, en términos no inconsistentes con tal finalidad y, deberán, por último, no incurrir en desproporciones manifiestas a la hora de atribuir a los diferentes grupos y categorías derechos, obligaciones o cualesquiera otras situaciones jurídicas subjetivas” (fundamento jurídico 6)».

«[E]n la jurisprudencia constitucional se ha establecido una consideración previa al examen de la legitimidad constitucional “ex” art. 14 CE del trato diferenciado entre uniones matrimoniales y no matrimoniales: la existencia o no de libertad por parte de quienes desean convivir para escoger entre mantener una relación extramatrimonial o contraer matrimonio. Así este Tribunal en varias resoluciones, al enjuiciar la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre los cónyuges y quienes conviven de hecho, ha partido del dato de que, tras la entrada en vigor de laLey 30/1981 ( RCL 1981, 1700 y ApNDL 2355) que prevé la posibilidad de divorciarse y contraer nuevo matrimonio, debe presumirse que quienes no contraen matrimonio es porque así lo han decidido libremente, ya que no existe ningún precepto que legalmente se lo impida, y esa libertad de elección es la que legitima, en principio, el tratamiento diferenciado de estos dos tipos de convivencia (por todas,STC 184/1990 [ RTC 1990, 184] )».

«Ciertamente… esta afirmación… no supone que por exigencias del art. 14 CE deban reconocerse de forma mecánica y generalizada los mismos derechos y obligaciones que poseen quienes conviven en virtud del vínculo matrimonial a todos aquellos que conviven con otra persona y no pueden contraer matrimonio porque no reúnen los requisitos legalmente establecidos para ello. Lo único que se ha declarado es que antes de proceder al análisis de fondo, de la legitimidad constitucional del trato diferenciado a la luz del art. 14 CE deberá examinarse si quienes convivían «more uxorio», tenían libertad para contraer matrimonio y si las causas que hipotéticamente lo impedían resultan constitucionalmente admisibles, ya que de no ser así, deberá concluirse que esa ausencia de libertad conlleva “ex” art. 14 CE una obligada igualdad de trato».

«[N]o toda imposibilidad de cumplir los requisitos legales para contraer matrimonio permite concluir que quienes se ven así impedidos tienen, sólo por ello, los mismos derechos y deberes que quienes conviven matrimonialmente».

«Para que esto sea así la causa que, limita la libertad de casarse, debe ser una causa que pugne con los principios y reglas constitucionales… En estas circunstancias, al no darse las condiciones de libertad para contraer matrimonio o no hacerlo debido a causas constitucionalmente proscritas, debe presumirse que quienes convivieron “more uxorio” lo hicieron así porque no gozaron de la libertad efectiva para contraer matrimonio y, en consecuencia, debe reconocérseles los mismos derechos que hubieran tenido de haber formado una convivencia matrimonial».

En aplicación de esta doctrina se ha venido reconociendo el derecho a obtener idéntico trato a las parejas matrimoniales y no matrimoniales, y, en consecuencia, se ha otorgado o denegado el amparo solicitado, examinando primero si existió la posibilidad efectiva de que los convivientes «more uxorio» contrajesen el matrimonio que constituye el presupuesto de aplicación de la norma más beneficiosa o si, por el contrario, se vieron impedidos para ello por una causa constitucionalmente inadmisible. Así, en laSTC 155/1998, de 13 de julio (RTC 1998, 155), se otorgó el amparo en atención a que los convivientes no habían podido contraer matrimonio al no existir posibilidad de divorciarse porque todavía no se había dado cumplimiento al mandato contenido en el art. 23.2 CE de regular las causas de disolución del matrimonio. Por el contrario, en laSTC 39/1998, de 17 de febrero (RTC 1998, 39), se denegó el amparo valorando que la demandante, desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981 hasta el fallecimiento del causante de la pretendida pensión de viudedad, dispuso de tiempo suficiente para contraer matrimonio. Sin embargo se denegó el amparo solicitado en el caso resuelto por laSTC 66/1994, de 28 de febrero (RTC 1994, 66), que abordó un supuesto en el cual el motivo esgrimido para no haber contraído el matrimonio fue que la ideología anarquista de uno de los convivientes era contraria a formalizar la relación afectiva estable entre hombre y mujer a través de una institución eclesiástica o de la propia Administración, siendo ello una convicción profunda del causante, insuperable, obstativa al matrimonio, de modo que le impedía contraerlo con tanto o más rigor que las causas obstativas expresamente admitidas como tales en la doctrina de este Tribunal Constitucional (señaladamente, la de estar casado, antes de la aprobación de la Ley 30/1981, que reguló el divorcio); tal motivo, al referirse a la institución matrimonial en general, no pugnaba con los principios y valores constitucionales, sino que era expresión de la libertad de contraer o no matrimonio, por lo que el amparo, como queda dicho, no prosperó.

Per entendre aquesta STC, a dia d’avui, ens hem de remetre al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que va entrar en vigor el 2 de gener de 2016.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho

1. También tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, quienes cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 219, se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho.

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se reconocerá como pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en común, en cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

3. Cuando la pareja de hecho constituida en los términos del apartado anterior se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al superviviente cuando, además de concurrir los requisitos exigidos en cada caso en el artículo 219, no haya constituido una nueva pareja de hecho en los términos indicados en el apartado 2 ni contraído matrimonio.

Asimismo, se requerirá que la persona supérstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias relacionadas en el artículo 97 del Código Civil.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Article 66 Cc

Els cònjuges són iguals en drets i deures.

Article 67 Cc

Els cònjuges s’han de respectar i ajudar mútuament i actuar en interès de la família.

Article 68 Cc

Els cònjuges estan obligats a viure junts, guardar-se fidelitat i socórrer-se mútuament.

A més, han de compartir les responsabilitats domèstiques i la cura i atenció d’ascendents i descendents i altres persones dependents al seu càrrec.

Article 71 Cc

Cap dels cònjuges es pot atribuir la representació de l’altre sense que li hagi estat conferida.

Article 143 Cc

Estan obligats recíprocament a donar-se aliments en tota l’extensió que assenyala l’article precedent:

1r. Els cònjuges.

Article 152 Cc

També cessa l’obligació de donar aliments:

4t. Quan l’alimentat, sigui hereu forçós o no, hagi comès alguna falta de les que donen lloc al desheretament.

Article 855 Cc

Són causes justes per desheretar el cònjuge, a més de les que assenyala l’article 756 amb els números 2n, 3r, 5è i 6è, les següents:

1a. Haver incomplert greument o reiteradament els deures conjugals.

Artículo 643 Cc

No mediando estipulación respecto al pago de deudas, sólo responderá de ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de los acreedores.

Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella.

Artículo 1291 Cc

Son rescindibles:

3.º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.

Artículo 1297 Cc

Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.

Artículo 1298 Cc

El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC)

Artículo 195. Presunción de donaciones.

1. Si el concursado estuviera casado en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la masa activa, salvo prueba en contrario, que el concursado había donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por este durante el año anterior a la declaración de concurso para la adquisición a título oneroso de bienes o derechos.

2. Si se acreditara que la contraprestación procedía directa o indirectamente del patrimonio del concursado, se presumirá, salvo prueba en contrario, la donación de la totalidad de la contraprestación.

3. Las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando en el momento de la realización del acto los cónyuges estuvieran separados judicialmente o de hecho.

Artículo 197. Cuentas indistintas.

1. En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de las facultades de administración y de disposición de la masa activa, ordenará de inmediato bien la transferencia del saldo a la cuenta intervenida o bien ordenará a la entidad financiera la modificación pertinente en el régimen.

2. Cualquier interesado podrá impugnar la decisión sobre el saldo. La impugnación se sustanciará por los trámites del incidente concursal.

*********

Artículo 226. Acciones rescisorias de los actos del deudor.

1. Son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso, así como los realizados desde esa fecha a la de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

…

Artículo 227. Presunciones absolutas de perjuicio.

El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real.

Artículo 228. Presunciones relativas de perjuicio.

Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:

1.º Los actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.

2.º Los actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas.

3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso si contasen con garantía real.

Artículo 235. Efectos de la rescisión.

1. La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado.

2. Si el acto objeto de impugnación fuera un contrato con obligaciones recíprocas, la sentencia condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel que ya se hubieran realizado, con sus frutos e intereses.

3. Si se tratase de un acto unilateral, la sentencia, si procediera, condenará a la restitución a la masa activa de la prestación objeto de aquel y ordenará la inclusión en la lista de acreedores del crédito que corresponda.

4. Si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa activa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal.

5. Si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el deudor, se le condenará, además, a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa.

Llei 22/2003, Concursal (derogada).

Artículo 78. Presunción de donaciones y pacto de sobre vivencia entre los cónyuges. Vivienda habitual del matrimonio.

1. Declarado el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado. De no poderse probar la procedencia de la contraprestación se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso.

Artículo 79. Cuentas indistintas.

1. Los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la administración concursal.

2. Contra la decisión que se adopte podrá plantearse incidente concursal.

Article 1321 Cc

Mort un dels cònjuges, la roba, el mobiliari i els estris que constitueixin l’aixovar de l’habitatge habitual comú dels esposos es lliuren al que sobrevisqui, sense computar-los en el seu haver.

No es consideren compresos a l’aixovar les joies, els objectes artístics, històrics i altres d’un valor extraordinari.

Cfr. Article 1320 Cc

Per disposar dels drets sobre l’habitatge habitual i els mobles d’ús ordinari de la família, encara que aquests drets pertanyin a un sol dels cònjuges, es requereix el consentiment de tots dos o, si s’escau, autorització judicial.

La manifestació errònia o falsa de qui fa la disposició sobre el caràcter de l’habitatge no perjudica l’adquirent de bona fe.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de 3 setembre de 1998(RJ\1998\8505). Ponent: Ilmo. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.-

(…)

Hay que concluir, pues, en relación con las cuestiones planteadas en el anterior fundamento de Derecho (y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá), que, ante la existencia de una Ley -la Compilación de Derecho Civil de Baleares- que es la aplicable al supuesto fáctico planteado, cuyas previsiones aportan la solución legal, completa y adecuada al mismo, no puede ni plantearse la posibilidad de aplicar al caso otra fuente legal distinta: Ni las normas supletorias establecidas en la propia Compilación Balear (a las que sólo podría recurrirse «en defecto de la ley», artículo 1.3 Compilación); ni, menos, el Código Civil (última norma supletoria), cuya inaplicabilidad, por demás, resulta patente ya que el régimen conyugal mallorquín está informado por un principio con fuerza expansiva propia (el principio de separación de bienes); que, en el peor de los casos, sería de aplicación preferente a dicho Código Civil, a efectos de colmar, por la vía de la integración, cualquier laguna detectable en la regulación del caso.

CUARTO.-

(…)

a) La Compilación de Derecho Civil de las islas Baleares es norma absolutamente preferente y exclusiva respecto al Código Civil, el cual -forzoso es repetirlo- sólo es aplicable en Baleares en aquellas materias que no están reguladas por la Compilación; y, respecto a las reguladas, sólo con carácter supletorio, en los términos ya expuestos.

b) Tal principio tiene como excepción o salvedad -por imperativo del artículo 13.1 CC- «las disposiciones del Título Preliminar… del Código Civil y las del Título IV del Libro I del mismo, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial». Pero forzoso es destacar enseguida que el artículo 1320 CC es ajeno dichas normas «de aplicación general y directa», y que por ello el aludido artículo 13.1 CC no aporta cobertura alguna para su aplicabilidad (ni directa, ni supletoria) en Mallorca.

(…)

d) Dicho sistema no puede quedar desnaturalizado por la aplicación, a título de Derecho supletorio, de una norma, como la del artículo 1320 CC, que es extraña al mismo.

Y ello, aunque ese artículo 1320 no sea incompatible con el régimen de separación de bienes regulado por el Código Civil, y, a su vez, tal régimen no difiera del sistema de separación contemplado en la Compilación Balear -como destaca la sentencia recurrida, para argumentar o razonar la aplicabilidad de dicho precepto-.

No es admisible al respecto tal argumentación, por cuanto en ella se antepone la conclusión al razonamiento: Se repara, de entrada, en efecto, en la compatibilidad o incompatibilidad de tal artículo con el ordenamiento civil balear; sin, antes, haber constatado lo que verdaderamente interesa y es prioritario: Si existe, o no existe, una laguna o vacío a colmar que justifique el recurso a un derecho supletorio; por cuanto, si tal laguna o vacío no existen -y éste es precisamente el caso que nos ocupa-, no hay razón alguna para pensar en Derechos supletorios, ni por tanto para plantearse aquella compatibilidad o incompatibilidad. Carece, pues, por ello, de toda virtualidad la argumentación de referencia.

(…)

SEXTO.-

(…)

Por lo demás, no desconoce esta Sala la posibilidad (o quizás la conveniencia), «de lege ferenda», de que, en el futuro, mediante una Ley del Parlament Balear, pudiera incorporarse al texto de la Compilación Balear -siguiendo la pauta de la Compilación de Catalunya- una norma del tenor del artículo 1320 del Código Civil. Pero mientras ello no ocurra (si es que llegare a ocurrir), es insoslayable en el artículo 1320 de CC y la norma en él contenida son elementos extraños al Derecho mallorquín, como pudieran serlo las normas existentes en el derecho alemán o el derecho inglés reguladoras de la cuestión planteada. Y por ello, obviamente, son inaplicables.

Article 1318 Cc

Els béns dels cònjuges estan subjectes a l’aixecament de les càrregues del matrimoni.

Quan un dels cònjuges incompleixi el deure de contribuir a la participació en aquestes càrregues, el jutge, a instància de l’altre, ha de dictar les mesures cautelars que consideri convenients a fi d’assegurar-ne el compliment i els acomptes necessaris o proveir a les necessitats futures.

Quan un cònjuge no tingui béns propis suficients, les despeses necessàries causades en litigis que sostingui contra l’altre cònjuge sense que hi hagi mala fe o temeritat, o contra un tercer si repercuteixen en profit de la família, són a càrrec del cabal comú i, si no, se sufraguen a compte dels béns propis de l’altre cònjuge quan la posició econòmica d’aquest impedeixi al primer, per imperatiu de la Llei d’enjudiciament civil, obtenir el benefici de justícia gratuïta. els actes encaminats a atendre les necessitats ordinàries de la família, encomanades a la seva cura, d’acord amb l’ús del lloc i les circumstàncies.

Article 1319 Cc

Qualsevol dels cònjuges pot fer els actes encaminats a atendre les necessitats ordinàries de la família, encomanades a la seva cura, d’acord amb l’ús del lloc i les circumstàncies.

Dels deutes contrets en l’exercici d’aquesta potestat n’han de respondre solidàriament els béns comuns i els del cònjuge que contregui el deute i, subsidiàriament, els de l’altre cònjuge.

El qui hagi aportat cabals propis per satisfer aquestes necessitats té dret a ser-ne reintegrat de conformitat amb el seu règim matrimonial.

Article 1320 Cc

Per disposar dels drets sobre l’habitatge habitual i els mobles d’ús ordinari de la família, encara que aquests drets pertanyin a un sol dels cònjuges, es requereix el consentiment de tots dos o, si s’escau, autorització judicial.

La manifestació errònia o falsa de qui fa la disposició sobre el caràcter de l’habitatge no perjudica l’adquirent de bona fe.

Article 1321 Cc

Mort un dels cònjuges, la roba, el mobiliari i els estris que constitueixin l’aixovar de l’habitatge habitual comú dels esposos es lliuren al que sobrevisqui, sense computar-los en el seu haver.

No es consideren compresos a l’aixovar les joies, els objectes artístics, històrics i altres d’un valor extraordinari.

Article 1322 Cc

Quan la llei requereixi per a un acte d’administració o disposició que un dels cònjuges actuï amb el consentiment de l’altre, els actes fets sense el dit consentiment i que no hagin estat expressament o tàcitament confirmats poden ser anul·lats a instància del cònjuge el consentiment del qual s’hagi omès o dels seus hereus.

Amb tot, són nuls els actes a títol gratuït sobre béns comuns si falta, en aquests casos, el consentiment de l’altre cònjuge.

Article 1324 Cc

Per provar entre cònjuges que determinats béns són propis d’un d’ells, és suficient la confessió de l’altre, però aquesta confessió per si sola no ha de perjudicar els hereus forçosos del confessant, ni els creditors, siguin de la comunitat o de cadascun dels cònjuges.

Article 66 CDCIB Els espòlits

1. El règim econòmic conjugal serà el convingut en capítols matrimonials, denominats espolits.

2. Concepte. Els espòlits, institució pròpia de les Illes Pitiüses, són un negoci jurídic familiar i solemne mitjançant el qual s’estableix el règim econòmic del matrimoni així com d’altres disposicions per raó d’aquest.

3. Moment d’atorgament. Els espòlits podran atorgar-se abans o després de celebrar-se les núpcies. En el primer cas, només produiran efectes una vegada contret el matrimoni, sempre que aquest es celebri en el termini d’un any comptador des de la firma dels espòlits.

4. Forma i inscripció. Per a la seva validesa els espòlits, així com les seves modificacions, hauran d’atorgar-se en escriptura pública. S’han d’inscriure en el Registre civil i, si és el cas, en altres registres públics.

5. Capacitat. Tenen capacitat per atorgar espòlits abans de contraure matrimoni els que vàlidament el puguin celebrar, però necessiten, si és el cas, els complements de capacitat que corresponguin.

6. Contingut.

a) Els espòlits hauran de contenir disposicions relatives a la fixació, modificació o substitució del règim econòmic matrimonial. L’estipulació d’un règim econòmic podrà fer-se per simple remissió a un dels regulats en les lleis o bé acomodant-lo a les particulars circumstàncies dels interessants.

b) Podran convertir-se en espòlits totes aquelles estipulacions referides a institucions que, d’acord amb les seves pròpies normes reguladores, admetin el seu atorgament en capítols matrimonials. En particular, donacions propter nuptias, dot, escreix, acolliment en una quarta part dels milloraments, pactes sobre la forma i quantia de contribució a l’aixecament de les càrregues del matrimoni, donacions universals, pactes successoris, usdefruit universal i fidúcia successòria, com també qualssevol altres que els interessats considerin convenients, fins i tot en previsió de ruptura matrimonial.

c) Les institucions contingudes en els espòlits es regiran pel que hagin convingut les parts i, subsidiàriament, per la seva regulació específica.

d) Quan els pactes en previsió de ruptura matrimonial s’atorguin abans del matrimoni únicament seran vàlids si el matrimoni arriba a contraure’s dins de l’any següent a la data de l’atorgament.

7. Modificació dels espòlits.

a) Els espòlits podran modificar-se en qualsevol temps mitjançant escriptura pública. La modificació no perjudicarà els drets adquirits de bona fe per terceres persones.

b) Per modificar o deixar sense efecte el règim econòmic matrimonial, així com qualssevol altres clàusules convingudes exclusivament entre els cònjuges, bastarà el consentiment d’aquests.

c) Per modificar o deixar sense efecte clàusules en què hagin intervingut qualssevol altres persones, es necessitarà, a més, la seva concurrència o la dels seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles haguessin conferit.

d) S’exceptuen del que disposen els dos paràgrafs anteriors les estipulacions que, per acte exprés o per la seva naturalesa, siguin revocables.

8. Ineficàcia per nul·litat, separació legal i divorci.

a) Els espòlits esdevindran ineficaços per nul·litat matrimonial, separació legal o divorci, llevat del que s’estableix en els paràgrafs següents.

b) Es mantindrà l’eficàcia dels pactes convinguts en espòlits en previsió de ruptura matrimonial, sens perjudici del que resolgui la sentència.

c) Els heretaments i les donacions atorgats a favor del fill o de la filla continguts en els espòlits signats amb ocasió de les seves núpcies, conservaran l’eficàcia si hi ha descendència del matrimoni anul·lat, separat legalment o divorciat. Si el matrimoni no ha tingut descendència, si el fill o la filla es torna a casar o constitueix parella estable, l’heretament o la donació esdevindran revocables per la sola voluntat de l’heretant o donant.

d) Els heretaments convinguts a favor dels descendents del matrimoni en consideració al qual s’haguessin atorgat els espòlits, també conservaran l’eficàcia, però els heretaments purs esdevindran revocables.

e) L’acció de revocació prevista en els paràgrafs anteriors caducarà en el termini d’un any des que el legitimat té coneixement de la concurrència de la causa que la determina.

Artículo 266 Reglamento Registro Civil

Las indicaciones registrales sobre régimen económico de la sociedad conyugal se rigen, a falta de reglas especiales, por las de las inscripciones.

Sólo se extenderán a petición de interesado.

No cabe indicación sobre hecho ya inscrito; la practicada se cancelará de oficio con referencia a la inscripción que tendrá, además del propio, el valor de indicación registral.

En la indicación constará la naturaleza del hecho, la denominación, en su caso, del nuevo régimen matrimonial, el documento auténtico o resolución en cuya virtud se extiende el asiente y, en forma destacada, su carácter de indicación.

El título será devuelto al presentante, con nota firmada en la que se consignará el Registro, tomo y folio en que consta la indicación.

En las inscripciones que, en cualquier otro Registro, produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por certificación, por el Libro de Familia o por la nota a que se refiere el párrafo anterior, y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto subsanable.

En las capitulaciones se consignará siempre el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito el matrimonio celebrado. Si el matrimonio no se hubiere celebrado aún, los otorgantes están obligados a acreditar, en su caso, esos datos al Notario por medio de certificación del matrimonio o de exhibición del Libro de Familia, y el Notario los consignará por nota al pie o al margen de la escritura matriz; el Notario hará a los otorgantes advertencia de esta obligación.

Los Notarios expedirán copias de las estipulaciones que afecten al régimen económico y matrimonial en los casos permitidos por la legislación notarial y, en particular, a cualquier solicitante que presente un principio de prueba que le acredite como titular de algún derecho patrimonial frente a cualquiera de los cónyuges.

Artículo 75 Reglamento hipotecario

De conformidad con el artículo 1333 del Código Civil, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las capitulaciones matrimoniales en cuanto contengan, respecto a bienes inmuebles o derechos reales determinados, alguno de los actos a que se refieren los artículos 2 de la Ley y 7 de este Reglamento.

Article 149 CE

1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents:

(…)

6a. … legislació processal, sens perjudici de les especialitats que en aquest ordre es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes.

(…)

8a. Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils, forals o especials per part de les comunitats autònomes allà on n’hi hagi. En qualsevol cas, les regles relatives a l’aplicació i a l’eficàcia de les normes jurídiques, relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d’acord, en aquest darrer cas, amb les normes del dret foral o especial.

Article 30 EAIB

Competències exclusives

La Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en les matèries següents, sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la Constitució:

27. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi de les Illes Balears, inclosa la determinació del seu sistema de fonts, llevat de les regles relatives a l’aplicació i l’eficàcia de les normes jurídiques, les relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, l’ordenació dels registres i dels instruments públics, les bases de les obligacions contractuals, les normes per resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del dret de competència estatal.

Article 13 Cc

1. Les disposicions d’aquest títol preliminar, en tant que determinen els efectes de les lleis i les regles generals per aplicar-les, així com les del títol IV del llibre I, llevat de les normes d’aquest últim relatives al règim econòmic matrimonial, tenen aplicació general i directa a tot Espanya.

LLIBRE I

De les persones

TÍTOL IV

Del matrimoni

Capítol I De la promesa de matrimoni

Capítol II Dels requisits del matrimoni

Capítol III De la forma de celebració del matrimoni

Capítol IV De la inscripció del matrimoni en el Registre Civil

Capítol V Dels drets i deures dels cònjuges

Capítol VI De la nul·litat del matrimoni

Capítol VII De la separació

Capítol VIII De la dissolució del matrimoni

Capítol IX Dels efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci

Capítol X De les mesures provisionals per demanda de nul·litat, separació i divorci.

Capítol XI Normes de dret internacional privat

LLIBRE IV

De les obligacions i els contractes

TÍTOL III

Del règim econòmic matrimonial

Capítol I Disposicions generals

Capítol II Dels capítols matrimonials

Capítol III De les donacions per raó de matrimoni

Capítol IV De la societat de guanys

Capítol V Del règim de participació

Capítol VI Del règim de separació de béns

Altra normativa rellevant:

REGLAMENTO (UE) No 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo

«Considerando lo siguiente:

(12) En consecuencia, el presente Reglamento no debe aplicarse a las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, incluidos los acuerdos matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que no aborden asuntos sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se considera que tienen efectos similares al matrimonio. No obstante, las autoridades que sustancien una sucesión con arreglo al presente Reglamento deben tener en cuenta, en función de la situación, la liquidación del régimen económico matrimonial o de un régimen patrimonial similar del causante para determinar la herencia de este y las cuotas hereditarias de los beneficiarios.»

«Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.

2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

d) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio;»

Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales

Artículo 1 – Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a los regímenes económicos matrimoniales.

Artículo 2 – Competencia en materia de regímenes económicos matrimoniales en los Estados miembros

El presente Reglamento no afectará a la competencia de las autoridades de los Estados miembros en materia de regímenes económicos matrimoniales.

Artículo 22 – Elección de la ley aplicable

1. Los cónyuges o futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, siempre que se trate de una de las siguientes leyes:

a) la ley del Estado en el que los cónyuges o futuros cónyuges, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo, o

b) la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el momento en que se celebre el acuerdo.

Artículo 26 – Ley aplicable en defecto de elección por las partes

1. En defecto de un acuerdo de elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, la ley aplicable al régimen económico matrimonial será la ley del Estado:

a) de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio, o, en su defecto,

b) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio, o, en su defecto,

c) con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

Artículo 33 – Estados con diversos regímenes jurídicos — Conflictos territoriales de leyes

1. En el caso de que la ley determinada por el presente Reglamento sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de régimen económico matrimonial, las normas internas en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación.

2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes:

a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que los cónyuges tengan su residencia habitual;

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la nacionalidad de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la que los cónyuges tengan una conexión más estrecha;

c)toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones relativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.

Artículo 35 – No aplicación del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes

Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas en materia de regímenes económicos matrimoniales no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente.

REGLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSEJO, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Artículo 2 – Competencias en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas en los Estados miembros

El presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades de los Estados miembros en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Artículo 22 – Elección de la ley aplicable

1. Los miembros o futuros miembros de una unión registrada podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a los efectos patrimoniales de su unión registrada, siempre que dicha ley atribuya efectos patrimoniales a la institución de la unión registrada y que se trate de una de las siguientes leyes:

a) la ley del Estado en el que los miembros o futuros miembros de la unión registrada, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo;

b) la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los miembros o futuros miembros de la unión registrada en el momento en que se celebre el acuerdo, o

c) la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada.

Artículo 26 – Ley aplicable en defecto de elección por las partes

1. En defecto de un acuerdo sobre la elección de la ley aplicable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada será la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada.

2. A modo de excepción y a instancia de cualquiera de los miembros de la unión registrada, la autoridad judicial que tenga competencia para resolver en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas podrá decidir que la ley de un Estado distinto del Estado cuya ley sea aplicable en virtud del apartado 1 regirá los efectos patrimoniales de la unión registrada en el caso de que la ley de dicho Estado distinto atribuya efectos patrimoniales a la institución de la unión registrada y si el demandante demuestra que:

a) los miembros de la unión registrada mantuvieron su última residencia habitual común en dicho Estado durante un período de tiempo significativamente largo, y

b) ambos miembros de la unión registrada se basaron en la ley de dicho Estado distinto para organizar o planificar sus relaciones patrimoniales.

La ley de ese Estado distinto solo se aplicará a partir de la creación de la unión registrada, a menos que uno de sus miembros no esté de acuerdo. En este último caso, la ley de ese otro Estado surtirá efecto a partir del establecimiento de la última residencia habitual común en dicho Estado.

Artículo 33 – Estados con diversos regímenes jurídicos — Conflictos territoriales de leyes

1. En el caso de que la ley determinada por el presente Reglamento sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, las normas internas en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación.

2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes:

a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual de los miembros de la unión registrada, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que los miembros de la unión registrada tengan su residencia habitual;

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la nacionalidad de los miembros de la unión registrada, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la que los miembros de la unión registrada tengan una conexión más estrecha;

c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones relativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.

Artículo 35 – No aplicación del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes

Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente.

Article 7 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

a) Els condemnats en judici penal per sentència ferma per haver atemptat contra la vida o per lesions greus contra el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

b) Els condemnats en judici penal per sentència ferma per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

Artículo 648 Cc

También podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes:

1.º Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante.

2.º Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.

3.º Si le niega indebidamente los alimentos.

Article 1911 Cc

Del compliment de les obligacions, en respon el deutor amb tots els seus béns, presents i futurs.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC)

Artículo 195. Presunción de donaciones[3].

1. Si el concursado estuviera casado en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la masa activa, salvo prueba en contrario, que el concursado había donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por este durante el año anterior a la declaración de concurso para la adquisición a título oneroso de bienes o derechos.

2. Si se acreditara que la contraprestación procedía directa o indirectamente del patrimonio del concursado, se presumirá, salvo prueba en contrario, la donación de la totalidad de la contraprestación.

Artículo 197. Cuentas indistintas.

1. En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de las facultades de administración y de disposición de la masa activa, ordenará de inmediato bien la transferencia del saldo a la cuenta intervenida o bien ordenará a la entidad financiera la modificación pertinente en el régimen.

Article 7 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

a) Els condemnats en judici penal per sentència ferma per haver atemptat contra la vida o per lesions greus contra el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

b) Els condemnats en judici penal per sentència ferma per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

Artículo 648 Cc

También podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes:

1.º Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante.

2.º Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.

3.º Si le niega indebidamente los alimentos.

Article 1911 Cc

Del compliment de les obligacions, en respon el deutor amb tots els seus béns, presents i futurs.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC)

Artículo 195. Presunción de donaciones[4].

1. Si el concursado estuviera casado en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la masa activa, salvo prueba en contrario, que el concursado había donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por este durante el año anterior a la declaración de concurso para la adquisición a título oneroso de bienes o derechos.

2. Si se acreditara que la contraprestación procedía directa o indirectamente del patrimonio del concursado, se presumirá, salvo prueba en contrario, la donación de la totalidad de la contraprestación.

Artículo 197. Cuentas indistintas.

1. En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de las facultades de administración y de disposición de la masa activa, ordenará de inmediato bien la transferencia del saldo a la cuenta intervenida o bien ordenará a la entidad financiera la modificación pertinente en el régimen.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC)[5]

Artículo 195. Presunción de donaciones.

1. Si el concursado estuviera casado en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio de la masa activa, salvo prueba en contrario, que el concursado había donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por este durante el año anterior a la declaración de concurso para la adquisición a título oneroso de bienes o derechos.

2. Si se acreditara que la contraprestación procedía directa o indirectamente del patrimonio del concursado, se presumirá, salvo prueba en contrario, la donación de la totalidad de la contraprestación.

Artículo 197. Cuentas indistintas.

1. En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de las facultades de administración y de disposición de la masa activa, ordenará de inmediato bien la transferencia del saldo a la cuenta intervenida o bien ordenará a la entidad financiera la modificación pertinente en el régimen.

Artículo 83 Cc

La sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo82. Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura pública al Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe.

Artículo 834 Cc

El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.

Article 143 Cc

Estan obligats recíprocament a donar-se aliments en tota l’extensió que assenyala l’article precedent:

1r. Els cònjuges.

CDCIB –Redacció 1990-

MALLORCA I MENORCA

Article 4.-

3. (…)

Les donacions entre cònjuges seran revocables tan sols en els supòsits previstos als apartats a) i b) de l’article 7 bis, quan el donant sigui el cònjuge agreujat, per incompliment de càrregues i per ingratitud. Es consideren causes d’ingratitud, a més de les establertes en el Codi Civil, l’incompliment greu o reiterat dels deures conjugals, l’anul·lació del matrimoni si el donatari hagués obrat de mala fe, i la separació o el divorci.

EIVISSA I FORMENTERA

Article 67.-

1. (…)

Les donacions entre els cònjuges seran revocables per les causes determinades en el tercer paràgraf de l’article 4.3.

CDCIB redacció 1990

MALLORCA I MENORCA

Article 45 CDCIB.-

El cònjuge que en morir el consort, no es trobàs separat de fet ni en virtut de sentencia ferma, tret que en ambdós casos s’hi trobàs per causa imputable al difunt, serà legitimari en la successió d’aquest.

Material de lectura:

1. La llegítima del cònjuge viudo separat «no culpable» i la modificació del sistema de separació i divorci de l’any 2005

La primera raó de ser del Projecte de Llei del qual es deriva la Llei 7/2017 era que, «atès que la separació és avui consensual, és necessari modificar els paràgrafs 1 i 2 de l’article 45» que «encara manté la causalitat de la separació per part del premort per determinar el dret a la llegítima del consort viudo».

Per tant, l’art. 45,1 CDCIB donava lloc a pensar que, si a partir de l’entrada en vigor de la Llei 15/2005, ens trobàvem davant d’una separació causal (declarada per sentència aplicant el règim anterior a 2005), el cònjuge separat supervivent, no imputat per la causa de la separació, conservava el dret a la llegítima. Per altra banda, per les separacions posteriors a la Llei 15/2005, l’art. 45,1 CDCIB esdevindria inaplicable, per falta de constància de la causa de separació i la seva imputació.

En definitiva, la raó de ser del Projecte de Llei era una reforma necessària de la CDCIB (per complir el dret estatal d’aplicació directa[11]): Eliminar la referència a la causa de separació que feia l’art. 45 CDCIB, que havia quedat desencaixat respecte del sistema espanyol no causal de separació i divorci.

2. L’intervencionisme públic en les relacions privades: La sanció a la separació de fet

Aquesta ocasió era una oportunitat per plantejar-se si hauria de ser només el divorci, la situació de crisi matrimonial que fes perdre el dret a la llegítima vidual (com efecte matrimonial «post mortem, ex lege»), perquè és quan es dissol el vincle (art. 85 Cc). Per això es fa la norma que diu que la llegítima es perd per separació ja què, en cas contrari, només es perdria per ruptura del vincle, la qual es produeix amb el divorci.

Així mateix, en cas de seguir vinculant la pèrdua de legítima a la separació matrimonial, el legislador podria no fer-la extensiu, de manera sancionadora[12], a la mera separació de fet, evitant així, intervenir en la vida privada dels qui han optat per no legalitzar la seva separació. Amb més motiu, quan les bases del sistema balear de convivència de fet s’estableixen sobre la formalitat de la inscripció [arts. 1.2, 8.1.c) i 8.2 LPE], i no en la mera convivència.

Atenent a aquests criteris, l’article 45.1 CDCIB ha estat modificat, en aquest sentit: «El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat legalment, ni s’hagin iniciat, per part de cap dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat, serà legitimari en la successió d’aquest». Per la mateixa filosofia s’ha adequat l’usdefruit vidual intestat de l’art. 84 CDCIB: «No tindrà aquest dret el cònjuge viudo separat legalment; ni tampoc es generarà aquest dret en el cas que s’haguessin iniciat, per part d’algun dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat».

3. Un tema pendent?

Respecte del dret «especial» eivissenc, el Parlament haurà de fer front, en qualque moment, a la discriminació que el cònjuge d’un causant eivissenc pateix per no ser legitimari en la successió voluntària d’aquell; perfilant-se, així, un matrimoni buit d’efectes de contingut econòmic, tant «inter vivos», perquè està governat per, moltes vegades, insolidari règim de separació de béns; com «mortis causa», per no tenir els cònjuges l’usdefruit típic de les llegítimes viduals.

No oblidem que el matrimoni és una institució protegida per la CE i, per tant, el legislador autonòmic s’hauria de preocupar de protegir els drets successoris derivats del matrimoni (efectes «mortis causa»); com també els efectes «intervivos» (però això és ara un altre tema).

En conseqüència, seria interessant plantejar la constitucionalitat [des del prisma que es tracta de drets que es deriven del matrimoni (art. 9.2 Cc); institució constitucionalment protegida] d’un sistema que, dels legitimaris habituals, en termes generals, només el cònjuge viudo manca de drets successoris «ex lege», quan hauria de ser la seva llegítima, la més intocable (qüestió que es relaciona amb el fet que la crida al cònjuge viudo en la intestada vagi escalant llocs, en algunes regulacions actuals, passant del tercer lloc en l’ordre de crides, al segon).

Davant d’aquesta no actuació legislativa, no seria absurd fer un estudi sobre la conflictivitat que provocarà l’aplicació del Reglament UE n.º 650/2012, si resulta que un viudo,sense pensar-s’ho, acaba sotmès a la llei especial eivissenca, i pateix una raresa jurídica, com és que el matrimoni no li hagi generat efectes econòmics «post mortem», pel fet que la llei que regeixi la successió en el moment de la mort del seu cònjuge sigui la de la residència habitual a Eivissa o Formentera. Per suposat, tot això, resolent abans si els efectes matrimonials «post mortem» són qüestions excloses de l’aplicació del Reglament UE 650/2012, per l’art. 1.2.d[13], o són qüestions sotmeses a la seva aplicació (art. 23.2.b del Reglament 650/2012).

Artículo 99 Cc

En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al artículo97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

Artículo 100 Cc

Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen.

La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.

Artículo 101 Cc

El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

Article 1438 Cc

Els cònjuges han de contribuir al manteniment de les càrregues del matrimoni. A falta de conveni, ho han de fer proporcionalment als seus recursos econòmics respectius. La feina per a la casa es computa com a contribució a les càrregues i dóna dret a obtenir una compensació que el jutge ha d’assenyalar, si no hi ha acord, quan s’extingeixi el règim de separació.

Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo Civil y Penal). Sentencia núm. 1/1998 de 3 septiembre RJ\1998\8505

Ponent: Ilmo. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO.-

(…)

Proyectando ahora sobre el caso concreto que nos ocupa las anteriores precisiones, es obligado, de entrada, para razonar dentro de la exigible ortodoxia, verificar o constatar, primeramente, si el Derecho Civil de Mallorca ofrece, o no, una regulación del régimen económico conyugal para los matrimonios sometidos al Derecho Balear; así como si tal regulación es, o no, plena, completa y coherente. Y, en segundo lugar, si la concreta cuestión litigiosa planteada tiene adecuada solución dentro de tal normativa, o si, por el contrario -por la singularidad, especificidad o novedad del caso de autos- resulta preciso acudir, para colmar una laguna, vacío o imprecisión del texto de la compilación, a las normas supletorias señaladas en la misma. Una tercera cuestión, en esta última hipótesis, sería la de constatar si existe, o no, costumbre o principio informador del Derecho Balear que regulare el caso, ya que éstos -la costumbre y los principios informadores baleares- constituyen el Derecho supletorio aplicable en primer lugar (artículo 1 apartados segundo y tercero de la Compilación) en defecto de la ley; mientras que el Código Civil -es necesario destacarlo- está relegado al último lugar, como Derecho supletorio (según resulta claramente del recién citado artículo 1 de la Compilación).

TERCERO.-

(…)

Hay que concluir, pues, en relación con las cuestiones planteadas en el anterior fundamento de Derecho (y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá), que, ante la existencia de una Ley -la Compilación de Derecho Civil de Baleares- que es la aplicable al supuesto fáctico planteado, cuyas previsiones aportan la solución legal, completa y adecuada al mismo, no puede ni plantearse la posibilidad de aplicar al caso otra fuente legal distinta: Ni las normas supletorias establecidas en la propia Compilación Balear (a las que sólo podría recurrirse «en defecto de la ley», artículo 1.3 Compilación); ni, menos, el Código Civil (última norma supletoria), cuya inaplicabilidad, por demás, resulta patente ya que el régimen conyugal mallorquín está informado por un principio con fuerza expansiva propia (el principio de separación de bienes); que, en el peor de los casos, sería de aplicación preferente a dicho Código Civil, a efectos de colmar, por la vía de la integración, cualquier laguna detectable en la regulación del caso.

CUARTO.-

(…)

a) La Compilación de Derecho Civil de las islas Baleares es norma absolutamente preferente y exclusiva respecto al Código Civil, el cual -forzoso es repetirlo- sólo es aplicable en Baleares en aquellas materias que no están reguladas por la Compilación; y, respecto a las reguladas, sólo con carácter supletorio, en los términos ya expuestos.

b) Tal principio tiene como excepción o salvedad -por imperativo del artículo 13.1 CC- «las disposiciones del Título Preliminar… del Código Civil y las del Título IV del Libro I del mismo, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial». Pero forzoso es destacar enseguida que el artículo 1320 CC es ajeno dichas normas «de aplicación general y directa», y que por ello el aludido artículo 13.1 CC no aporta cobertura alguna para su aplicabilidad (ni directa, ni supletoria) en Mallorca.

(…)

d) Dicho sistema no puede quedar desnaturalizado por la aplicación, a título de Derecho supletorio, de una norma, como la del artículo 1320 CC, que es extraña al mismo.

Y ello, aunque ese artículo 1320 no sea incompatible con el régimen de separación de bienes regulado por el Código Civil, y, a su vez, tal régimen no difiera del sistema de separación contemplado en la Compilación Balear -como destaca la sentencia recurrida, para argumentar o razonar la aplicabilidad de dicho precepto-.

No es admisible al respecto tal argumentación, por cuanto en ella se antepone la conclusión al razonamiento: Se repara, de entrada, en efecto, en la compatibilidad o incompatibilidad de tal artículo con el ordenamiento civil balear; sin, antes, haber constatado lo que verdaderamente interesa y es prioritario: Si existe, o no existe, una laguna o vacío a colmar que justifique el recurso a un derecho supletorio; por cuanto, si tal laguna o vacío no existen -y éste es precisamente el caso que nos ocupa-, no hay razón alguna para pensar en Derechos supletorios, ni por tanto para plantearse aquella compatibilidad o incompatibilidad. Carece, pues, por ello, de toda virtualidad la argumentación de referencia.

(…)

SEXTO.-

(…)

Por lo demás, no desconoce esta Sala la posibilidad (o quizás la conveniencia), «de lege ferenda», de que, en el futuro, mediante una Ley del Parlament Balear, pudiera incorporarse al texto de la Compilación Balear -siguiendo la pauta de la Compilación de Catalunya- una norma del tenor del artículo 1320 del Código Civil. Pero mientras ello no ocurra (si es que llegare a ocurrir), es insoslayable en el artículo 1320 de CC y la norma en él contenida son elementos extraños al Derecho mallorquín, como pudieran serlo las normas existentes en el derecho alemán o el derecho inglés reguladoras de la cuestión planteada. Y por ello, obviamente, son inaplicables.

Article 9 LPE

Efectes de l’extinció en vida

1. Quan la convivència cessi, qualsevol dels membres pot reclamar de l’altre el pagament d’una pensió periòdica, sempre que la necessiti per atendre adequadament el seu manteniment i es trobi en un dels casos següents:

a) Que la convivència hagi disminuït la capacitat del sol·licitant per obtenir ingressos.

b) Que la cura de fills comuns al seu càrrec impedeixi o dificulti seriosament la realització d’activitats laborals.

2. El convivent perjudicat pot reclamar una compensació econòmica quan la convivència hagi suposat una situació de desigualtat patrimonial entre ambdós membres de la parella que impliqui un enriquiment injust i s’hagi donat un dels supòsits següents:

a) Que el convivent hagi contribuït econòmicament o amb el seu treball a l’adquisició, la conservació o millora de qualsevol dels béns comuns o privatius de l’altre membre de la parella.

b) Que el convivent s’hagi dedicat amb exclusivitat o de manera principal a la realització de treball per a la família.

Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 2/2010 de 24 marzo

La LPE innovó el Ordenamiento Jurídico civil Balear al introducir la “compensación económica” en su artículo 9, dedicado a los “Efectos de la extinción en vida” de la pareja estable, y en el que, en lo que ahora interesa, se lee que ” El conviviente perjudicado puede reclamar una compensación económica cuando la convivencia haya supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto” y siempre que se haya dado uno de los casos legalmente previstos.(…)

Admitida, en tales términos, para las parejas estables hay que analizar si esta institución está dotada de tal fuerza expansiva que pueda alcanzar al matrimonio, aún en defecto de modificación del art. 4 de la CDCB.

La extinción en vida de la pareja estable equivale, en cuanto situación fáctica, al cese de la convivencia matrimonial por separación, divorcio o nulidad y no es necesario hacer esfuerzo argumentativo alguno para concluir que la convivencia, en cualquiera de ambos regímenes, puede, en hipótesis, haber supuesto una idéntica situación de “desigualdad patrimonial” entre los miembros de las parejas o matrimonios que implique para uno un enriquecimiento injusto con el correlativo empobrecimiento injusto del otro.

En el aspecto jurídico el matrimonio es el modelo seguido para diseñar la LPE. …

En su Exposición de Motivos se lee que “se ha considerado oportuno hacer una regulación consonante con la Compilación de Derecho civil de les Illes Balears” y su articulado no sólo caracteriza a las “parejas estables” por “una relación de afectividad análoga a la conyugal”, como hemos visto, sino que guarda estrecha relación con el esquema y contenido de la Compilación y, además, dedica las dos Disposiciones adicionales y la Disposición final segunda a mantener la equiparación de la pareja estable al matrimonio en el ámbito normativo propio de esta Comunidad de manera que, respectivamente, “Los miembros de una pareja estable que estén sometidos al régimen estatutario de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Illes Balears o al régimen del personal laboral al servicio de ésta, se entenderán equiparados, en cuanto a derechos y obligaciones, a los cónyuges, en el marco de la esfera competencial autonómica”; “Los derechos y las obligaciones establecidos para los cónyuges en el marco competencial normativo de las Illes Balears se entenderá de igual aplicación para los miembros de una pareja estable” y “La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el marco de sus competencias normativas, regulará por ley el tratamiento fiscal específico para los miembros de las parejas estables previstas en esta norma y equiparará su régimen en la medida que sea posible, al de los cónyuges.“

Esta línea se ha confirmado en la Ley 3/2009 de 27 de abril (LIB 2009, 123) , del Parlamento de las Islas Baleares , que ha aprovechado una Disposición adicional para añadir un punto quinto al artículo 5 de la LPE en el que se lee que “En todas las relaciones patrimoniales, si consta convivencia, será de aplicación supletoria el artículo 4 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears“ (….) …

Por todo lo dicho hay que concluir que entre ambos supuestos se da la “identidad de razón” prevista en el artículo 4 del CC para la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante, de modo que ha de integrarse el artículo 4.1 de la CDCB, como posibilita su artículo 1 , con el contenido del artículo 9.2 de la LPE.

Si así no se hiciera el trato diferente de esta situación semejante y en la que existe identidad de razón por un mismo Ordenamiento Jurídico conduciría al absurdo, vulneraría la técnica integradora de la analogía legis e implicaría, necesariamente, una discriminación proscrita por el artículo 14 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) .

La Jurisprudencia ha precisado que “el enriquecimiento, como advierte la mejor doctrina, se produce no sólo cuando hay un aumento del patrimonio o la recepción de un desplazamiento patrimonial, sino también cuando se da una no disminución del patrimonio (“damnuncessans”) y que el empobrecimiento “no tiene por qué consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio de otro” y así puede constituirlo el “abandono de algún trabajo o empleo” o las “dificultades para encontrar nuevo empleo” o la pérdida de ingresos” o la “pérdida de oportunidad” ( STS de 8 de mayo de 2008 ( RJ 2008, 3345) ) o una dedicación tal que impida “obtener beneficios privativos mediante el desarrollo de otra actividad en provecho propio” (STS de 17 de junio de 1997 ), negándolo, en cambio, en casos en que el conviviente “no ha perdido un puesto de trabajo, ni ha visto disminuidas sus retribuciones” ( STS de 12 de septiembre de 2005 ( RJ 2005, 7148) .) …

Los supuestos contemplados en el art. 9.2 , letras a) y b) de la LPE actúan como causa del enriquecimiento injusto pues, como se lee en la STS de 17 de junio de 1997 , “La causa (en el sentido de «razón» o «base» suficiente) no es, desde el punto de vista jurídico, otra cosa -como sostiene un importante sector doctrinal- que un concepto-válvula para poder introducir elementos de carácter valorativo, y decidir de tal manera acerca de la justificación, o falta de la misma, en un supuesto determinado.“

Las causas típicas de éste son las siguientes:

1º que el conviviente haya contribuido “económicamente” a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja.

2º que la contribución a lo anterior haya sido “con su trabajo”, que podrá ser de cualquier clase mientras sea distinto al “trabajo para la familia” al que se refiere la siguiente.

3º que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la realización de trabajo para la familia, siendo absolutamente esencial que tal dedicación revista estas específicas características ya que no puede computarse a tales efectos el simple “trabajo para la familia” al que se refiere el art. 4.1 de la CDCB que, en defecto de pacto, es contribución obligatoria al levantamiento de las cargas del matrimonio. …

Tan cualificada dedicación, no el mero hecho de trabajar para la familia, ha de ser la causante de la desigualdad patrimonial, no corregida de alguna otra manera, al cese de la convivencia por haber permitido a uno de los convivientes dedicarse prioritariamente a su trabajo fuera de la familia y, así, aumentar su patrimonio mientras que la dedicación a esta ha hecho que el otro no haya podido incrementar el suyo con el consiguiente, desde este ángulo de visión, empobrecimiento injusto o pérdida de las normales posibilidades de aumento, que ha de apreciarse en cada caso y quedar totalmente acreditado y que generalmente vendrá determinado por el no haber podido ejercitar una capacidad de ganancia en provecho propio.

Lo que sea “trabajo para la familia” se comprende bien por la misma expresión que es similar a la de “trabajo en el hogar familiar” (…)

El ámbito objetivo del “trabajo para la casa” y concluye, con razón, que también lo será la “realización de tareas fuera del hogar que, por guardar directa relación con el buen orden y gobierno de la casa, han de considerarse domésticas”, la “asunción de funciones de ordenación, dirección y organización de la economía doméstica y de la vida familiar” y la “realización de las tareas diarias de cuidado, crianza y educación de los hijos comunes o de uno solo de los cónyuges o de cuidado de parientes de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar conyugal”, sin que excluyan, por sí mismos, el derecho a la compensación ni “el trabajo del cónyuge acreedor por cuenta propia o ajena, fuera de la casa”, ni “el disponer de empleados domésticos en el domicilio conyugal”. …

De la interpretación efectuada se deduce que, de concurrir cualquiera de las causas típicas, sólo se otorga compensación en el supuesto de empobrecimiento injusto del cónyuge que la reclama, lo cual evita la introducción, por vía indirecta, en nuestro Ordenamiento del régimen de participación, en el que “cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente” (art. 1.411 CC ), pues para obtener este resultado se ha de haber pactado expresamente (arts. 3, 64 y 67 CDCB ).

Llei d’enjudiciament civil

Article 806

Àmbit d’aplicació

La liquidació de qualsevol règim econòmic matrimonial que, per capitulacions patrimonials o per disposició legal, determini l’existència d’una massa comuna de béns i drets subjecta a determinades càrregues i obligacions s’ha de portar a terme, si no hi ha acord entre els cònjuges, d’acord amb el que disposen aquest capítol i les normes civils que siguin aplicables.

Article 400 Cc

Cap copropietari està obligat a quedar-se a la comunitat. Cada un d’ells pot demanar en qualsevol moment que es divideixi la cosa comuna.

Tanmateix, és vàlid el pacte de conservar la cosa indivisa per un temps determinat, que no passi de deu anys. Aquest termini es pot prorrogar per una nova convenció.

Article 437 LEC Forma de la demanda. Acumulación objetiva y subjetiva de acciones.

4. No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo las excepciones siguientes:

4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.

Diu la STC 40/2014, d’11 de març, l’art. 174 LGSS:

“… tras la redacción dada a este precepto por la Ley 40/2007, ha establecido como posibles vías de acceso del miembro supérstite de la pareja a la pensión de viudedad, dos tipos de vínculo jurídico previo entre ambos: el matrimonio, o la pareja de hecho debidamente legalizada. Como señala la exposición de motivos de la Ley 40/2007, la ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación”.

8. En cuanto a la queja relativa a la vulneración del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la intimidad personal, resulta pertinente comenzar su examen con una aproximación a la noción de unión de hecho y a las notas esenciales que se derivan de la misma.

Bajo el concepto de unión de hecho se agrupa una diversidad de supuestos de parejas estables que, no obstante su heterogeneidad, comparten ciertas notas comunes que permiten conformar una noción general unitaria. En efecto, la unión de hecho puede caracterizarse, en principio, como una relación estable de convivencia more uxorio, cuyo elemento definitorio común queda cifrado en la voluntad libremente configurada de permanecer al margen del Derecho en cuanto a las consecuencias jurídicas inherentes a la institución matrimonial a que se refiere el art. 32 CE. Debe matizarse que, si bien, como regla general, esa exclusión viene dada por la libre y voluntaria decisión de los integrantes de la pareja de no acceder a la formalización del vínculo matrimonial conforme a las previsiones legales, es notorio que históricamente se han producido situaciones de parejas que, pese a su voluntad explícita de contraer matrimonio, se encontraban con impedimentos legales para llevarlo a cabo, situaciones a las que la jurisprudencia de este Tribunal ha tratado de dar respuesta en algunos casos. (…)

Elemento esencial de la constitución de la pareja de hecho es, por tanto, su conformación extramuros de la institución matrimonial por decisión propia de sus integrantes, adoptada en ejercicio de su libertad personal, y que «se vincula con sus convicciones y creencias más íntimas» (STC 47/1993, de 8 de febrero, FJ 4). Dado que la posibilidad de elegir una u otra opción –matrimonio o pareja de hecho– se encuentra íntimamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), el Estado no puede imponer una opción o limitar las posibilidades de elección salvo en virtud de los condicionamientos que pudieran resultar de las normas de orden público interno (SSTC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; y 51/2011, de 14 de abril, FJ 8). El libre desarrollo de la personalidad quedaría afectado tanto si los poderes públicos trataran de impedir o de reprimir la convivencia more uxorio, como si trataran de imponer el establecimiento, contra la voluntad de los componentes de la pareja, de un determinado tipo de vínculo no asumido de consuno por éstos, «de manera que aquel tipo de convivencia no formalizada se viera expuesta a una gravosa y penosa suerte o a soportar sanciones legales de cualquier índole» (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 2). Y esa libertad, así como la paralela prohibición de interferencia en su lícito ejercicio por parte de los poderes públicos, no queda limitada a la dimensión interna, «sino que alcanza también la expresión de las propias libertades a tener una actuación coherente con ello y a no sufrir sanción o injerencia de los poderes públicos por su ejercicio» (STC 66/1994, de 28 de febrero, FJ 3; y ATC 204/2003, de 16 de junio, FJ 2).

Consustancial a esa libertad de decisión, adoptada en el marco de la autonomía privada de los componentes de la pareja, es el poder de gobernarse libremente en la esfera jurídica de ese espacio propio, ordenando por sí mismos su ámbito privado, el conjunto de derechos, facultades y relaciones que ostenten, si bien dentro de ciertos límites impuestos por el orden social, ya que la autonomía privada no es una regla absoluta. Así, el art. 1255 del Código civil plasma el principio de autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales privadas, y dispone que los contratantes pueden establecer todos los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, «siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público». Pues bien, este respeto a la autonomía privada de quienes han decidido conformar una unión de hecho se traduce en el reconocimiento de que, en aras a su libertad individual, pueden desarrollar sus relaciones –antes, durante y al extinguirse esa unión– conforme a los pactos que consideren oportunos, sin más límites que los impuestos por la moral y el orden público constitucional; y esta libertad debe ser respetada por el ordenamiento jurídico en todo caso, salvo que su ejercicio concreto pudiera entrar en conflicto con valores constitucionales superiores que justificaran su constricción.

Por otra parte, la unión de hecho puede conducir, aunque no necesariamente, a la constitución de una familia, consecuencia que nuestra jurisprudencia ha vinculado en el caso de tales uniones a su materialización efectiva por la existencia de hijos o la existencia de una efectiva voluntad de crearla, a diferencia de lo que ocurre con la familia que se constituye jurídicamente en el momento de contraer matrimonio, sin perjuicio de afirmar que la protección que garantiza el art. 39.1 CE se extiende en su caso a ambas. En efecto, hemos dicho en relación con la noción de familia a la que se refiere este precepto constitucional que, si bien «no es discutible que tal concepto incluya sin duda la familia que se origina en el matrimonio, que es en todo caso la que especialmente toman en consideración tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos… como los Tratados sobre derechos fundamentales suscritos por España» (STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4), nuestra Constitución «no ha identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el matrimonio», no sólo por la regulación diferenciada de ambas instituciones, sino también por el carácter tuitivo con el que la Constitución trata a la familia, «protección que responde a imperativos ligados al carácter “social’’ de nuestro Estado (arts. 1.1 y 9.2) y a la atención, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia que en la sociedad se expresen. El sentido de estas normas constitucionales no se concilia, por lo tanto, con la constricción del concepto de familia a la de origen matrimonial, por relevante que sea en nuestra cultura –en los valores y en la realidad de los comportamientos sociales– esa modalidad de vida familiar. Existen otras junto a ella, como corresponde a una sociedad plural» (STC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 5). Y esa familia, distinta a la que se constituye mediante el matrimonio, concebida como realidad social a la que se extiende la protección constitucional, ha sido entendida por este Tribunal como «la que se constituye voluntariamente mediante la unión de hecho, afectiva y estable, de una pareja» (STC 47/1993, de 8 fe febrero, FJ 3).

La unión de hecho, en cuanto realidad social relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y de consideración por el legislador respetando determinados límites, ya que supondría una contradictio in terminis, convertir en «unión de derecho» una relación estable puramente fáctica integrada por dos personas que han excluido voluntariamente acogerse a la institución matrimonial, con su correspondiente contenido imperativo de derechos y obligaciones. No es irrelevante, en este sentido, como hemos señalado en anteriores resoluciones «el dato de que la relación more uxorio se basa, precisamente, en la decisión libre y, en principio, no jurídicamente formalizada de los convivientes de mantener una relación en común que, también en principio, no produce el nacimiento de ningún derecho u obligación específicos entre ellos (STC 184/1990, fundamento jurídico 3)» (STC 155/1998, de 13 de julio, FJ 3). El problema queda, por tanto, cifrado en los límites que la propia esencia de la unión de hecho impone al legislador cuando éste decide supeditar su reconocimiento a ciertas condiciones o atribuir determinadas consecuencias jurídicas a tal unión. Obviamente, el límite principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los efectos, tanto personales como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer matrimonio. Por ello, el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el art. 10.1 CE. De manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja.

La restricción referida lógicamente no opera respecto a medidas legales que tutelen derechos fundamentales de los dos o de alguno de los componentes de la pareja de hecho, supuesto en el que se deberán tomar en cuenta los criterios generales sobre la necesidad, adecuación y proporcionalidad de las medidas atendiendo a los intereses en juego, de manera que el sacrificio del libre desarrollo de la personalidad sea el estrictamente indispensable.

No cabe soslayar tampoco la incidencia que una regulación detallada de las uniones de hecho pueda tener sobre el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE) de quienes las integran, en la medida en que éste «se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce» (STC 51/2011, de 14 de abril, FJ 8), y, por ello, es patente la conexión entre ese derecho y la esfera reservada para sí por el individuo, en los más básicos aspectos de su autodeterminación como persona (STC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6). Así, hemos señalado que el derecho a la intimidad, al igual que los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la inviolabilidad del domicilio, ha adquirido también «una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada» (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). Como ha venido manifestando este Tribunal, el objeto del derecho a la intimidad personal hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, debiendo hacerse la delimitación de este ámbito en función del libre desarrollo de la personalidad (STC 119/2001, FJ 6). Y es que este derecho «implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; 186/2000, de 10 de julio, FJ 5; 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 4; y 159/2009, de 29 de junio, FJ 3). De forma que “lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuales sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio’ (SSTC 127/2003, de 30 de junio, FJ 7 y 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5)» (STC 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2). Obviamente, ese derecho no es absoluto, pudiendo ceder y producirse una inmisión en el mismo, por una parte, en virtud del consentimiento eficaz del sujeto particular, en la medida en que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5 y 196/2006, de 3 de julio, FJ 5), y, por otra, cuando la injerencia se fundamenta en la necesidad de preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia núm. 611/2005 de 12 septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO

(…) para el estudio de las pretensiones indemnizatorias en el caso de ruptura unilateral o no de una unión de hecho, y a falta de una normativa legal o convencional –como ocurre en el presente caso–, hay que traer, antes de nada, a colación las siguientes posiciones:

a) Las que tienen como principio la regla general de negar efecto económico alguno a favor de uno de los miembros de la pareja para el caso de ruptura. Los efectos económicos serán únicamente, en su caso, los que los propios miembros de la pareja hayan previsto mediante pacto, con la misma libertad con la que decidieron unirse y con los límites generales del art. 1255 CC. En definitiva, a falta de pacto entre los miembros de la unión, cada uno asume las consecuencias económicas de la ruptura, porque, si libre fue la unión, igualmente libre tiene que ser la ruptura para cualquiera de ellos.

Sentando esta doctrina general, se fomentaría con ella la madurez y autorresponsabilidad en la toma de decisiones y se afrontaría una realidad social huyendo de soluciones paternalistas y de principios generales fáciles en su formulación, pero de muy difícil fundamentación constitucional y legal, por no decir francamente inconstitucionales e ilegales. Cuando se afirma como principio general en esta materia el de favorecer al miembro «más desprotegido», se omite preguntarse: ¿más desprotegido por qué o por quién? Dicho de otra forma, si la «protección» en la que se está pensando es la que brinda el régimen jurídico del matrimonio y este régimen se excluyó consciente y voluntariamente, ¿dónde está la «desprotección» que jurídicamente haya que remediar?

b) También hay que tener en cuenta las posiciones que se basan en la anterior postura, pero que, sin embargo, afirman que todo lo antedicho no excluye, evidentemente, el reconocimiento de efectos jurídicos de la ruptura unilateral de las uniones de hecho. Pero serán efectos jurídicos derivados o propios de la institución que en cada caso proceda y no precisamente del matrimonio. Así, en la actualidad es frecuente la adquisición de vivienda en proindiviso, incluso por personas que piensan contraer matrimonio en un futuro más o menos próximo, y en tal caso lo procedente será aplicar las reglas de la disolución de la comunidad de bienes o «división de la cosa común», según los arts. 400 y siguientes del Código Civil. No es descartable tampoco que puedan darse casos de auténtico enriquecimiento injusto o sin causa, pero esa falta de causa nunca podrá identificarse con la libre decisión de unirse a otra persona sin casarse y formar una relación de convivencia de múltiples variables. Finalmente, no cabe excluir radicalmente la aplicabilidad del art. 1902 CC., pero siempre exigiendo la plena concurrencia de todos sus requisitos, y, naturalmente, rechazando que la simple decisión de ruptura, aún sin causa alguna, constituye culpa o negligencia determinante de un deber de indemnizar, pues en tal caso se estaría creando algo muy parecido a la indisolubilidad de la unión de hecho o a su disolubilidad solamente previo pago.

c) Por último, las posiciones que permiten en general la posibilidad de reclamación indemnizatoria, con fundamento en la fuerza expansiva de la norma, lo que permitirá la aplicación de los artículos 96, 97 y 1438 del Código Civil, a través de la analogía existente entre el matrimonio y las uniones de hecho como instituciones comprendidas dentro del derecho de familia.

De todo lo anterior se infiere que la doctrina científica moderna parte de la base de afirmar que la ruptura de la relación puede generar perjuicios a uno de los miembros de la pareja.

Sin embargo, también tiene en cuenta que, del mismo modo que la pareja comenzó la convivencia libremente, también la ruptura debe ser libre.

Así, con carácter general se afirma que la ruptura de la unión de hecho no implica el deber de indemnizar los perjuicios derivados de la misma, ya que los convivientes han aceptado crear una unión al margen del matrimonio legalmente establecido, que sí crea derechos y obligaciones durante su vigencia así como al término de la misma.

Y admite, en todo el supuesto, el pacto para la determinación del resarcimiento económico en caso de ruptura de la convivencia de la unión de hecho.

Pero, en general, considera que la figura de la acción de enriquecimiento injusto puede, en la práctica, ser vía adecuada para la obtención de indemnizaciones a la ruptura de la unión de hecho, siempre que concurran los requisitos que la jurisprudencia tiene delimitados para que juegue la misma.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia núm. 611/2005 de 12 septiembre.

La falta de una normativa positiva concreta para los casos de extinción de la unión «more uxorio» ha dado lugar a una jurisprudencia disímil, salvo en la admisibilidad general de los pactos expresos, o tácitos («falta concludentia»), con acogimiento de soluciones de comunidad de bienes (ad ex. Sentencia 4 junio 1998 [RJ 1998, 3722]) o de sociedad irregular (ad ex. Sentencias 18 mayo 1992 [RJ 1992, 4907], 18 febrero 1993 [RJ 1993, 1246], 18 marzo 1995 [RJ 1995, 1962]), que ha efectuado un notorio esfuerzo para proporcionar remedio jurídico a las peculiaridades casuísticas, lo que ha dado lugar a diversas soluciones, no necesariamente reñidas entre sí. Y en tal sentido, dejando a un lado admisiones hipotéticas (Sentencias 27 mayo [ RJ 1994, 3753], 20 octubre [ RJ 1994, 7492] y 24 noviembre 1994 [ RJ 1994, 8946] ), son de destacar las Sentencias de 13 de junio de 1986 ( RJ 1986, 3549) , que aplica el principio de la buena y la sanción del abuso del derecho en sintonía con una interpretación acorde con la realidad social; 11 de diciembre de 1992 ( RJ 1992, 9733) , que aplicó la doctrina del enriquecimiento injusto; 16 de diciembre de 1996 ( RJ 1996, 9020) , indemnización de daños y perjuicios del art. 1902 CC, en atención a que hubo promesa de matrimonio; y aplicación analógica del art. 96 en relación con el 4º.1, ambos del Código Civil ( LEG 1889, 27) , por lo que respecta al uso de la vivienda familiar; 10 de marzo de 1998 ( RJ 1998, 1272) , principio de protección del conviviente más débil, que también se menciona en la de 27 de marzo de 2001 ( RJ 2001, 4770) , y se ratifica en la de 17 de enero de 2003 ( RJ 2003, 4); 27 de marzo de 2001 ( RJ 2001, 4770) , que alude a las doctrinas del enriquecimiento injusto, aplicación analógica de pensión compensatoria del art. 97 CC ( LEG 1889, 27) y principio de protección del conviviente perjudicado; y 5 de julio de 2001 ( RJ 2001, 4993) y 16 de julio de 2001, sobre aplicación analógica del art. 97 CC.

(…) se puede decir que en el criterio jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de compensación económica no pactada en la ruptura de las parejas de hecho, se puede constatar que la técnica más utilizada es la de la doctrina del enriquecimiento injusto, seguida por la de protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho, más tarde la de la aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil (…).

VOTO PARTICULAR Que formulan los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo D. José Ramón Ferrándiz Gabriel y Dª Encarnación Roca Trias para expresar su desacuerdo con la sentencia de la misma de fecha de 12 de septiembre de 2005.

Para ello ha utilizado tres vías, que son fundamentalmente,

a) El enriquecimiento injustificado (sentencia de 11 de diciembre de 1992 [RJ 1992, 9733], pero rehusado en la sentencia de 16 de julio de 2002 [ RJ 2002, 6246] , considerando que ha sido absolutamente criticado por la doctrina)

b) La responsabilidad civil extracontractual (sentencia de 16 de diciembre de 1993)

c) La analogía con situaciones de ruptura matrimonial y la aplicación de las reglas que rigen esta ruptura en materia de vivienda (sentencia de 16 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 9020] ) o pensión compensatoria (sentencias de 7 de julio de 2001 y 16 de julio de 2002 [ RJ 2002, 6246]).

En cambio ha rechazado de una manera muy constante, la aplicación de régimen de bienes (desde la sentencia de 21 de octubre de 1992 [RJ 1992, 8589] hasta la de 17 de enero de 2001), aun admitiendo el pacto sobre las consecuencias económicas de la unión.

La conclusión a que lleva el estudio de las sentencias de esta Sala es que, al no haber Ley reguladora de la situación que se produce ante la disolución de una convivencia de hecho, se han aplicado las reglas generales, de acuerdo con el mandato del artículo 1.7 CC (LEG 1889, 27) y se ha acudido bien a la analogía legis (fundamentalmente sentencia de 16 de julio de 2002 [ RJ 2002, 6246] ), o bien a los principios generales sobre la base del enriquecimiento injustificado (básicamente en las sentencias de 11 de diciembre de 1992 [ RJ 1992, 10136] y 5 de febrero de 2004 [ RJ 2004, 213] ).

(…)

De ahí que la falta de igualdad entre el matrimonio y la unión de hecho conlleva que los convivientes no gocen de régimen económico matrimonial, a no ser que pacten cualquier tipo de sistema al amparo del artículo 1255 Código civil (LEG 1889, 27), de acuerdo con la libertad que tienen, no sólo para constituir la unión, sino también para atribuirle los efectos que consideren convenientes. Y también que no puedan aplicarse automáticamente las reglas que se refieren a la ruptura del matrimonio …

Article 10 Cc

9. Les obligacions no contractuals es regeixen per la llei del lloc on hagi tingut lloc el fet de què derivin.

(…) En l’enriquiment sense causa s’aplica la llei en virtut de la qual es va produir la transferència del valor patrimonial en favor de l’enriquit.

Article 1089 Cc

Les obligacions neixen de la llei, dels contractes i quasicontractes, i dels actes i omissions il·lícits o en què hi hagi qualsevol gènere de culpa o negligència.

Article 1887 Cc

Són quasi contractes els fets lícits i purament voluntaris, l’autor dels quals resulta obligat envers un tercer i de vegades en sorgeix una obligació recíproca entre els interessats.

Article 1897 Cc

El qui de bona fe ha acceptat un pagament indegut d’una cosa certa i determinada, només respon de les desmillores o pèrdues d’aquesta i de les seves accessions, en tot el que mitjançant aquestes s’hagi enriquit. Si l’ha alienat, n’ha de restituir el preu o cedir l’acció per fer-lo efectiu.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia núm. 611/2005 de 12 septiembre.

TERCERO

… es preciso proclamar que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio – Sentencia del Tribunal Constitucional 184/1990 (RTC 1990, 184) y la 222/92 ( RTC 1992, 222) , por todas–, aunque las dos estén dentro del derecho de familia. Es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.

Por ello debe huirse de la aplicación por «analogía legis» de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, (LEG 1889, 27) ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio.

Ahora bien, todo lo anterior, no debe excluirse cuando proceda la aplicación del derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, en los supuestos de una disolución de una unión de hecho.

En otras palabras, determinar si, en los casos de ruptura de una unión de hecho, sea por consenso o por decisión unilateral, se puede derivar una compensación o una indemnización.

Pues bien, dentro del ámbito del derecho resarcitorio y dada la ausencia de norma concreta que regule la cuestión actual, habrá que recurrir a la técnica de «la analogía iuris», o sea no partir para la aplicación analógica de una sola norma, ni proceder de lo particular a lo particular, sino que, partiendo de una serie o conjunto de normas, tratar de deducir de ellas un principio general del Derecho. En conclusión, que hay que entender la «analogía iuris» como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios generales del Derecho.

Todo ello lleva ineludiblemente a la aplicación, para resolver tal problema fundamentado en la disolución de una unión de hecho, al principio general del derecho –artículo 1-1 del Código Civil (LEG 1889, 27) – y a la figura del enriquecimiento injusto recogida en el artículo 10.9 y en el artículo 1887, ambos de dicho Código, que siempre servirá como «cláusula de cierre» para resolver la cuestión.

Pues la compensación que se puede conceder en los supuestos de ruptura requiere básicamente que se produzca un desequilibrio, que se mide en relación con el otro cónyuge y que implica un empeoramiento en relación con la situación anterior. Estos rasgos definitorios de la base o causa de la compensación, ¿hasta qué punto son proyectables sobre una convivencia «more uxorio» en la que, por hipótesis, ni un cónyuge ni el otro se obligaron o vincularon a una vida en común? Habrá que estar, como ya se ha dicho, al supuesto, a la existencia de pactos, promesas o la creación y el sostenimiento de situaciones de facto de las que, por la vía de los «facta concludentia» se pueda deducir que hubo ese proyecto de vida en común y que se ha producido lo que se denomina la «pérdida de oportunidad», que sería, aquí, el factor de soporte que vendría de algún modo a sustituir al concepto de «empeoramiento» que ha de calificar el desequilibrio.

Y así, lo recogen (…) la ya mencionada de 17 de junio de 2003 ( RJ 2003, 4605) , que afirma «se desprende una situación de enriquecimiento injusto.

Esta situación tiene lugar cuando se ha producido un resultado por virtud del cual una persona se enriquece a expensas de otra que, correlativamente, se empobrece careciendo de justificación o de causa (base) que lo legitime, de tal manera que surge una obligación cuya prestación tiende a eliminar el beneficio del enriquecimiento indebido (“in quantum locupletioressunt”). El enriquecimiento, como ya advierte la mejor doctrina, se produce, no solo cuando hay un aumento del patrimonio, o la recepción de un desplazamiento patrimonial, sino también por una no disminución del patrimonio (“damnum cessans”). El empobrecimiento no tiene porqué consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio de otro. La correlación entre ambos es la medida en que uno determina el otro, y la falta de causa no es otra cosa que la carencia de razón jurídica que fundamente la situación. La causa (en el sentido de “razón” o “base” suficiente) no es, desde el punto de vista jurídico, otra cosa –como sostiene un importante sector doctrinal– que un concepto-válvula para poder introducir elementos de carácter valorativo, y decidir de tal manera acerca de la justificación, o falta de la misma, en un supuesto determinado. Una excesiva generalización de la doctrina del enriquecimiento injusto puede crear riesgos para la seguridad jurídica, pero su aplicación a supuestos concretos y a concretos intereses, otorgando en favor de un sujeto concreto una acción de restitución constituye un postulado de justicia insoslayable».

VOTO PARTICULAR Que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz

TERCERO

… no aparece infracción de los artículos 96, 97 y 1438 (que denuncia el motivo segundo) ni del artículo 1897 del Código Civil ( LEG 1889, 27) (motivo tercero), que no han sido aplicados directamente, sino que de ellos se ha deducido el principio general de «protección del conviviente más perjudicado» (lo dicen las dos sentencias de instancia), ya que su «contribución, muy prolongada en el tiempo, pues ha durado 19 años, tiene que tener una valoración económica cuando esta situación de estabilidad a la que la demandante ha contribuido eficientemente se ha roto por finalización de la convivencia entre los litigantes» (sentencia de primera instancia, fundamento segundo), «lo que crea razones de justicia y equidad para indemnizar a la persona que se ha dedicado en una manera más singular e intensa a la familia, en perjuicio de su promoción personal y profesional» (sentencia de segunda instancia, fundamento sexto, in fine).

Se deben aceptar estos pronunciamientos. La demandante en la instancia y parte recurrida en casación, la mujer en la unión de hecho, debe recibir una compensación económica que no la deje apartada del beneficio económico y aumento patrimonial producido durante la larga convivencia; no se trata, pues, de si ella ha hecho aportaciones económicas o si ha sufrido un empobrecimiento, sino que aquella convivencia en la ha habido importantes aumentos patrimoniales y a la que ella ha dedicado su trabajo y atención en el hogar, no la deje al margen de todo el beneficio económico para quedar exclusivamente para la otra parte conviviente Y ello se basa en el principio general de protección al perjudicado, reiterado, como se ha dicho, por la jurisprudencia, citada sin ánimo exhaustivo y deducido de los preceptos del Código civil que se citan en este motivo del recurso …

Article 97 Cc

El cònjuge al qual la separació́ o el divorci produeixi un desequilibri econòmic en relació́ amb la posició́ de l’altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació́ anterior al matrimoni, té dret a una pensió́ que pot consistir en una pensió́ temporal o per temps indefinit, o en una prestació́ única, segons determini el conveni regulador o la sentencia.

Si no hi ha acord dels cònjuges, el jutge, en sentencia, n’ha de determinar l’import tenint en compte les circumstancies següents:

1a. Els acords a què hagin arribat els cònjuges.

2a. L’edat i l’estat de salut.

3a. La qualificació́ professional i les probabilitats d’accés a una ocupació́.

4a. La dedicació́ passada i futura a la família.

5a. La col·laboració́ amb el seu treball en les activitats mercantils, industrials o professionals de l’altre cònjuge.

6a. La durada del matrimoni i de la convivència conjugal.

7a. La pèrdua eventual d’un dret de pensió́.

8a. El cabal i els mitjans econòmics i les necessitats de l’un i l’altre cònjuges.

9a. Qualsevol altra circumstancia rellevant.

S’han de fixar les bases per actualitzar la pensió́ i les garanties per fer a la seva efectivitat en la resolució́ judicial.

VOTO PARTICULAR Que formulan los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo D. José Ramón Ferrándiz Gabriel y Dª Encarnación Roca Trias para expresar su desacuerdo con la sentencia de la misma de fecha de 12 de septiembre de 2005.

CUARTO (…) en ciertos casos, pueden aplicarse reglas relativas a los efectos de la ruptura matrimonial y más concretamente las que regulan el derecho a una pensión compensatoria, sin necesidad de utilizar las reglas del enriquecimiento injustificado, que no siempre serán el remedio más adecuado para solucionar el problema planteado.

Tampoco nos parece justificado recurrir a una integración mediante la analogía iuris, como sostiene la mayoría al argumentar su decisión, ante la dificultad de encontrar la necesaria identidad de razón entre matrimonio y unión de hecho, salvo que quede referida a normas concretas, en este caso al artículo 97 CC ( LEG 1889, 27) que contempla como supuesto de hecho la realidad de la ruptura de una relación estable, permitiendo, en este reducido ámbito, afirmar la similitud relativa que justifica el método de integración, sin necesidad de sostener la semejanza entre dos instituciones que son distintas en abstracto y, normalmente, en la voluntad de los propios interesados.

De aquí que la aplicación de una regla prevista para las consecuencias de la ruptura matrimonial, como es la pensión compensatoria, no significa necesariamente aplicar analógicamente las reglas del matrimonio, ni tampoco las del enriquecimiento injustificado. Existen tres razones para llegar a esta conclusión:

a) Que solo se contempla la ruptura del matrimonio o la disolución de la unión de hecho.

b) Que existe una semejanza evidente entre la ruptura del matrimonio y la disolución de la unión de hecho, aunque hay una diferencia esencial: la falta de régimen económico en estas situaciones no formales, que sin embargo, puede semejarse al caso que se haya pactado un régimen de separación de bienes.

c) Que la compensación, independientemente del enriquecimiento injustificado, está ya contemplada en otros supuestos, además del artículo 97 CC ( LEG 1889, 27) el artículo 98 CC que aplica el mismo principio de compensación en la nulidad del matrimonio, es decir, cuando no ha habido relación matrimonial por concurrir causa de nulidad, y el artículo 1438 CC cuando existe régimen de separación de bienes, es decir, falta de comunidad o lo que es lo mismo, lo más parecido a la falta de régimen.

QUINTO

En todos los casos regulados en las disposiciones citadas hay tres elementos que existen también en las situaciones de uniones de hecho y que son: a) la cesación de la convivencia; b) el posible perjuicio que esta cesación produce en una de las partes de la relación, ya sea matrimonial o no matrimonial, y c) la comparación de la situación resultante con la existente durante el matrimonio o la convivencia de hecho. Sólo cuando se den estas circunstancias podrá acordarse la compensación.

Estos requerimientos no deben confundirse con los que esta Sala ha exigido reiteradamente como requisitos del enriquecimiento injustificado, que se han manifestado en diversas sentencias y que, como ejemplo decisivo en su aplicación a la ruptura de las relaciones de hecho, se repiten y analizan de forma muy exacta en la sentencia de 11 de diciembre de 1992 ( RJ 1992, 9733) y que debemos recordar aquí: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento, y d) inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de tal principio.

Los requisitos del enriquecimiento, pues, difieren substancialmente de los que el Código civil (LEG 1889, 27) exige en los artículos 97 y 1438 para que pueda operar la compensación. Y aunque no negamos que puedan existir casos en los que la convivencia haya producido un enriquecimiento que pueda calificarse de injustificado, pensamos que no deben confundirse los dos institutos: a) la compensación por el perjuicio que la ruptura produce en una de las partes de la unión, se refiere sólo a la comparación entre la situación mantenida durante la convivencia y la que produce la ruptura misma; no supone aumentos patrimoniales y puede concurrir, por ejemplo, entre otros, en los casos de pérdida de costos de oportunidad. Concurriendo estos requisitos, podría aplicarse a la ruptura de la pareja de hecho por analogía con el régimen previsto para la ruptura del matrimonio en el artículo 97 Código civil ( LEG 1889, 27) ; b) En cambio, el enriquecimiento injustificado supone un aumento patrimonial en uno de los convivientes a costa del otro y puede llegar a producirse si concurren los requisitos que esta Sala ha exigido de forma uniforme y reiterada en numerosa jurisprudencia, de manera que sólo si concurren estas exigencias podrá acordarse la indemnización por este título.

© Francesca Llodrà Grimalt