© Francesca Llodrà Grimalt

Edición: noviembre 2022

Edita: Campus Digital UIB

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§ 1bis.- EL ORDENAMIENTO CIVIL BALEAR: EFICACIA Y APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL BALEAR

 

1. EficAcia del derecho civil balear. SUJETO Y TERRITORIO

El derecho civil balear es un derecho exclusivamente vigente en el territorio de las Islas Baleares. Para que sea exclusivamente vigente en nuestro territorio, debe ser promulgado por el Parlamento de las Islas Baleares.

Así, el art. 10 EAIB establece la territorialidad de las normas del Derecho civil balear[1].

Las Compilaciones promulgadas en uso de la competencia autonómica (y, por tanto, coincidiendo los ámbitos territoriales de la competencia legislativa y de la vigencia), pasaron a ser un Derecho civil diferente al estatal (EM de la Ley 8/1990).

 

 

Pero el Derecho civil estatal es también un derecho civil aplicable a las Islas Baleares y, por eso, está vigente también en nuestro territorio, pero no de forma exclusiva.

Por tanto, distinguimos:

(1) El Derecho civil balear que es el vigente exclusivamente en las Islas Baleares, desde el punto de vista territorial, y es dictado por el Parlamento autonómico.

(2) El Derecho civil aplicable a las Illes Balears que es un concepto más amplio, al incluir también el derecho civil estatal, que está vigente en todo el territorio español, en su aplicación general y directa, y también supletoria.

La materia civil puede ser regulada por varios ordenamientos jurídicos, de acuerdo con la organización jurídica del Estado español que permite, en atención al art. 149.1.8 CE, la asunción de competencia en materia civil por parte de algunas CCAA; y por tanto, estos derechos coexisten regulando las propias instituciones civiles (por ejemplo, el Cc español regula la legítima y la CDCIB también la regula).

El Derecho civil balear contiene materia civil. La materia civil es una materia única, por ello, la coexistencia y posibilidad de regulación de la materia civil de forma distinta en distintos territorios de España puede producir un «conflicto de leyes» (interno o interregional).

Por tanto, el Derecho civil balear se aplica en función de varios criterios: territorio (art. 10 EAIB -que habla de eficacia-) o vecindad civil.

 

 

El conflicto de ley (interregional) nos situa ante un conflicto de aplicabilidad (saber la norma aplicable según el criterio o punto de conexión), en principio, no debe tratarse de un conflicto de competencia (o sea, entre materia civil competencia exclusiva del Estado y materia civil «desarrollo» del derecho civil propio) porque ésta debería tenir unas fronteras claras.

 

** No olvidemos que la regulación de las normas de conflicto[2] no es una competencia autonómica.

La determinación de las normas de resolución de los conflictos de leyes internos e internacionales es competencia exclusiva del Estado.

Así como también lo son las normas que traten de los elementos estructurales de las normas de conflicto, prohibiéndose, por tanto, la redefinición, alteración o manipulación[3] de los puntos de conexión por parte del legislador autonómico:

 

SSTC 156/1993, de 6 de mayo y 226/1993, de 8 de julio

 – «se integra en todo caso en ella la adopción de las normas de conflicto y la definición de cada uno de sus elementos, entre los que se cuenta, y con la mayor relevancia, la determinación de los puntos de conexión que llevan a la aplicación, en supuestos de trafico jurídico interregional, de uno de los ordenamientos Civiles que coexisten en España»[4].

 

Los conflictos de leyes alertan de por quién, por qué y por dónde legisla el legislador civil, también el autonómico, y ante la situación caótica (porque el legislador competente no la ejerce cuando es necesario o lo hace desconociendo los conflictos interregionales[5]) en que le sitúa la legislación del Estado, la única competente, el legislador civil autonómico manifiesta su preocupación, en ocasiones introduciendo normas con el objetivo de recapitular sobre el juego de aplicaciones y normas de conflicto.

 

«Los legisladores autonómicos no pueden decidir cuándo aplican su propio Derecho a las situaciones jurídicamente heterogéneas. Y lo hacen. El legislador estatal no puede dejar de responder a las exigencias que el desarrollo de los derechos civiles autonómicos plantea. Y no responde»[6].

 

1. EFICACIA TERRITORIAL DEL DERECHO CIVIL (POR RESIDENCIA) “VERSUS” APLICACIÓN POR CRITERIOS PERSONALES: UN CASO ACTUAL, EL REGLAMENTO EUROPEO 650/2012

El 17 de agosto de 2015 entró en vigor el Reglamento Europeo de Sucesiones núm. 650/2012, que regula las sucesiones mortis causa con repercusiones transfronterizas (considerando 7º del Reglamento).

 

REGLAMENTO (UE) Nº 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo

 

Puesto que no se aplica el RS 650/2012 a los conflictos internos:

 

 

Resulta oportuno analizar si los ciudadanos europeos con residencia habitual en Baleares pueden utilizar el derecho sucesorio balear.

Antes de la entrada en vigor del citado reglamento, era de aplicación el artículo 9.8 del Código civil que determina que la ley aplicable era la nacional del causante en el momento de la muerte.

 

Artículo 9 Cc

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

 

Este criterio cambió con el Reglamento de Sucesiones, puesto que pasó a ser el criterio el de la ley de la residencia habitual del causante (art. 21 del Reglamento).

 

 

** Ahora bien, esta regla general no será de aplicación, si el causante ejercita la professio iuris, es decir, si hay designación de la ley aplicable, por el causante, que sólo puede ser la ley de su nacionalidad (art. 22 del Reglamento).

 

 

En el Estado español hay una coexistencia de diversos ordenamientos civiles y para los supuestos de Estados con más de un sistema civil, está previsto el artículo 36 del Reglamento 650/2012:

 

 

Según el apartado 1 de este art. 36, la ley aplicable (de entre las del Estado español), será la que venga determinada según las normas de conflicto internas del estado. En el caso español, la norma de conflicto interna del Estado es la vecindad civil (art. 16.1.1 Cc).

Para tener vecindad civil debe tenerse nacionalidad española y ahora lo que se plantea es la problemática sobre: ​​¿Cuál será el sistema civil aplicable al extranjero con residencia habitual en Baleares?

 

Ante esta situación, se han propuesto diversas interpretaciones:

 

1) Una primera opción sería entender de aplicación el artículo 13.2 Cc que establece el Código civil como derecho supletorio. Por tanto, como sea que para tener vecindad civil se debe tener nacionalidad española, en caso de falta de ésta, se aplicaría el Código civil dado su carácter supletorio.

 

Artículo 13 Cc

2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales.

 

• Contra-argumento:

 

** Esta posición ha resonado en la sentencia del Juzgado de primera instancia n.º 10 de Palma de Mallorca, de 11 de mayo de 2020 (FJ 3º)[8]:

«Al contrario de lo que postula la actora, la aplicación del Reglamento no supone la aplicación de la ley foral mallorquina, sino la aplicación de la ley del Estado de residencia. Al ser éste un Estado plurilegislativo, habremos de ir al art. 36.1 del Reglamento y buscar normas internas de conflicto. Dichas normas internas existen, y se encuentran ubicadas en el Código Civil, en concreto en el art. 16.

Este art. 16 establece como punto de conexión la vecindad civil. Y este punto de conexión en ningún caso se va a ver alterado por el Reglamento 650/12, toda vez que el art. 38 de dicha norma lo establece expresamente: <<Inaplicación del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes. Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente en dichas unidades territoriales>>.

La dicción del art. 14.1 del Código Civil dispone que la sujeción al derecho foral se determina por la vecindad civil. Y el art. 15 del mismo texto establece que los extranjeros sólo pueden acceder a la vecindad civil al adquirir la nacionalidad.

El hecho de que la actora sea extranjera y no haya accedido a la vecindad civil no significa que no haya normas de conflicto internas en el derecho español (el art. 16 del Código Civil), y debamos acudir a los criterios del art. 36.2 del Reglamento. La norma existe.

Ciertamente el Tribunal Constitucional (sentencia 226/1993 de 8 de julio) ha venido a decir que la coexistencia de los ordenamientos civiles concurrentes en España se rige por un principio básico: el de igualdad. Todos tienen idéntica legitimidad y todos ostentan idéntico valor jurídico.

Esto nos llevaría a pensar que la aplicación al ciudadano extranjero del derecho foral del lugar donde reside es más acorde con la doctrina constitucional, sin embargo, no es esto lo que ha decidido el legislador español. Nuestro legislador ha determinado un criterio claro de conexión para la aplicación de los derechos forales: la vecindad civil. Ha establecido como norma básica de conflicto entre normas interregionales dicho criterio de conexión, y ha decidido que los extranjeros no nacionalizados no pueden ostentar vecindad civil. Hacer caso omiso de esta regulación y acudir- como si no existiese norma interna de conflicto- a los criterios del art. 36.2 del Reglamento, esto es, las normas de la residencia habitual del causante (36.2 a), o la del lugar donde hubiera tenido una vinculación más estrecha (36.2 b), supone contrariar el ordenamiento no sólo español, sino el comunitario, al desatender lo establecido en el punto 1 del tan repetido art. 36 del Reglamento.

Aplicar las normas de la residencia habitual o la del lugar donde se hubiera tenido una vinculación más estrecha supondría un trato desigual a los extranjeros, toda vez que los ciudadanos españoles están sometidos a la regla de la vecindad civil y no a la del lugar de residencia habitual o la del lugar de vinculación más estrecha. Como ya dijera el Tribunal Constitucional, todos los derechos civiles han de estar sometidos al principio de igualdad. Y si todos son igualmente legítimos y tienen el mismo valor jurídico, no se entiende la razón por la que ha de dejar de aplicarse el denominado derecho civil “común” en este caso.»

 

 

2) Por otra parte, se ha considerado la aplicación analógica del artículo 9.10 Cc.

Se entendería que, como no se puede recurrir a la vecindad civil en el supuesto de extranjeros con residencia habitual en España, al carecer éstos de vecindad civil, por aplicación analógica del artículo 9.10 Cc, les sería de aplicación el derecho civil del territorio donde tengan su residencia habitual.

 

«Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual».

 

3) Otra opción es entender aplicable el segundo apartado del artículo 36 del Reglamento. Por tanto, se considera que el Estado español no tiene norma interna de conflicto que resuelva esta situación y sería aplicable el derecho civil de la residencia habitual del extranjero.

 

 

También debemos aclarar que la situación de la que hablamos no es ningún conflicto interno de leyes (art. 38 Reglamento) porque no hay vecindad civil del causante. Es una sucesión transfronteriza, una determinación de ley aplicable, pero no un conflicto interregional sobre aplicación de ley española, que es lo que excepciona el art. 38 del Reglamento.

El art. 16 Cc remite al capítulo de DIPr y lo adapta a cuando la ley personal es la vecindad civil (y no la nacionalidad), algo que nunca se da en extranjeros.

Por tanto, la propuesta es:

•       A título de ejemplo, Iglesias Buiges[9]  estima que sería aplicable el art. 36.2 del Reglamento, entendiendo que estaríamos dentro del supuesto de “A falta de tales normas” de este apartado, puesto que no existe una regulación específica del derecho interrregional español para estos supuestos de extranjeros y la vecindad civil no es aplicable a los que no tienen nacionalidad española.

•       Igualmente, Galicia Aizpurua[10]  apunta que: «cabría también sostener una interpretación “flexible” de la norma, conforme a la cual cuando utiliza la expresión “a falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes”, estaría pensando no solo en aquellos casos en que dichas reglas falten absolutamente, sino también en aquellos en que, aun existiendo, resulten inadecuadas para resolver todas las hipótesis posibles».

Después de esta exposición doctrinal, parece que cierra la cuestión la doctrina de la reciente jurisprudencia habida en relación con la CAIB y el derecho sucesorio balear:

 

STSJ BAL 460/2021, de 14/05/2021 (FJ 7º):

 

Tal como se había planteado la problemática parece, efectivamente, cerrada con la aplicación del art. 36.2 del Reglamento EU 650/2012.

Así se quiere hacer valer en el recurso interpuesto contra la nota de calificación denegatoria de un pacto sucesorio gallego (supuesto resuelto en la Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública):

 

De ello se sigue que nuestra norma interna –art. 16.1 CC–, emplea una categoría o punto de conexión –vecindad civil– que no puede aplicarse al ciudadano extranjero – salvo que adquiera la nacionalidad española–. Por dicho motivo no puede acudirse a dicha norma por la vía del art. 36.1 del Reglamento para resolver la cuestión aquí planteada.

VIII. Esa imposibilidad nos conduce al número 2 del propio art. 36. cuyo enunciado comienza precisamente con la dicción: “A falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes…”; debe entenderse que el Reglamento equipara las situaciones en las que no hay Derecho interregional interno, interno, con aquellas en que las que sí existen tales normas, pero el causante no sea nacional.

 

Pero la cuestión no estaba cerrada, sino que se ha abierto hacía un punto de fuga diferente y muy relevante: Que pese al idéntido o similar “nomen iuris” dado a una figura sucesoria interna y a una del Reglamento de Sucesiones, la naturaleza de éstas difiere, pues es particular la idea de “pacto sucesorio”.

 

Así lo vemos en la Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública:

«5. Este Reglamento concede una gran importancia a la previsibilidad de la sucesión y por tanto al tratamiento de las disposiciones «mortis causa» (artículos 3.1.b), 25 a 27 y 83.2 y.3 y considerando 80); como muy pronto confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión europea en la Sentencia de 12 de octubre de 2017, ECLI:EU:C:2017:755 Kubicka (Asunto C 218/16).

Concretamente, entre otras definiciones, el artículo 3.1.b) del Reglamento (UE) 650/2012 define el pacto sucesorio como «todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo».

6. Ahora bien, las normas europeas presentan entre sus características, la autonomía de los conceptos de las materias que abordan, autonomía conceptual sancionada por la interpretación al efecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En sede de pactos sucesorios, la interpretación del Tribunal es especialmente relevante, habida cuenta de la inexistencia de antecedentes convencionales ya que, recordemos, el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre conflictos de leyes en materia de forma de disposiciones testamentarias excluye la sucesión pactada de las disposiciones sucesorias cuyas normas conflictuales aborda.

7. Constituye, por tanto, un hito de especial relevancia en este contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021 ECLI:EU:C:2021:708 UM v. HW en tanto administrador de la sucesión de ZL (Asunto C-277/20).

Señala su fundamento de Derecho 29: Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, apartado 32 y jurisprudencia citada).

8. El Tribunal partiendo del carácter autónomo de los conceptos de las normas europeas, define a los efectos del Reglamento el pacto sucesorio de manera general, como un acuerdo que confiera derechos relativos a «la sucesión o las sucesiones» futuras y que por «sucesión» debe entenderse «cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes (…), ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato».

Concluye que la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento de los bienes transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo, mediante liberalidades, debe interpretarse de manera estricta.

Los fundamentos de Derecho 35 y 36 señalan: De ello se deduce que, cuando una estipulación contenida en un acuerdo relativo a una sucesión consiste, a semejanza de una liberalidad, en el sentido del referido artículo 1, apartado 2, letra g), en una donación, pero no surte efectos hasta el fallecimiento del de cuius, está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

Responde a la primera cuestión prejudicial planteada señalando que el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 650/2012, debe interpretarse en el sentido de que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, la propiedad de un bien inmueble que le pertenece se transmita a otras partes contratantes constituye un pacto sucesorio a los efectos de ese precepto.

9. En el caso que se aborda ahora, la transmisión del bien concreto es de presente, con el efecto de mejora al hijo si se dan los requisitos que establecen los artículos 214 a 218 de la ley 2/2006, de derecho civil de Galicia tras la apertura de la sucesión de los disponentes y ello, aunque el concepto mejora como tal ya no esté recogido tras la reforma de las legítimas por la misma Ley 2/2006, que cambia la naturaleza de éstas y su cuantificación. Por ello señala el título que tendrá la condición de legado no respondiendo el mejorado por las deudas de la sucesión.

Es decir, pese al «nomem ius» de la mejora con entrega de bienes en Derecho gallego, al referirse a una entrega de presente, cuyo régimen se ha de regular por este propio Derecho según la reciente interpretación del Tribunal de Justicia citada, cabe dudar seriamente que pueda dar lugar a pacto de los incluidos en el Reglamento, pudiendo discutirse, además, dado que se refiere a un bien concreto, si la previsión sobre el efecto sucesorio de la mejora supone o no «professio iuris», si bien no expresa o tácita (artículo 22 del Reglamento).»

 

Por último, dicha Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, anuncia también otra cuestión importante para evitar fraudes fiscales y de acreedores con la mutación de “ley aplicable” a la sucesión (una especie de planificación de la sucesión a modo de tour viático):

 

12. En el mismo sentido el tribunal, en la segunda cuestión prejudicial, que aborda en la sentencia citada, se refiere a la imposibilidad de realizar «professio iuris» en la disposición de un bien concreto (como ocurrió en el supuesto analizado por la Resolución de este Centro directivo de 24 de mayo de 2019) pues conduciría a una fragmentación de la sucesión indeseada y contraria a los principios y objetivos del Reglamento (artículos 21 y 22 y, a contrario, considerando 80).

Señala el Tribunal, en relación a los artículos 21 y 22 del Reglamento que regulan la validez de la elección de la ley aplicable a la totalidad de la sucesión que, no es posible la elección de ley para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de este Reglamento, referido a un bien concreto del «de cuius», y no a la totalidad de su sucesión.

El Tribunal decidió sobre el caso concreto, referido al Derecho transitorio, rechazar la «professio iuris» pero admitir conceptualmente el pacto (donación «mortis causa», muy discutida en la negociación, que no encuentra reflejo a favor ni en contra en el Reglamento) en cuanto se transmitiría el bien a la apertura de la sucesión y no de presente.

…

31. A modo de resumen cabe considerar:

a) que un pacto con entrega de presente de los mismos, difícilmente puede ser considerado un pacto sucesorio a los efectos de los artículos 3.1.b) y 25 a 27 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

b) Adicionalmente, un pacto con transmisión de presente, que es una liberalidad sobre bienes determinados, pudiera fraccionar la sucesión, en cuanto las deudas y las partes reservadas se determinarán por la ley aplicable correspondiente a la ley sucesoria (artículo 23 del Reglamento (UE) 650/2012) y podría ser considerada, por tanto, una elección de ley parcial, con clara vulneración de la unidad de la ley sucesoria (Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021).

 

2. LA APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL BALEAR

Ya sabemos que, en las Illes Balears, están vigentes dos derechos civiles diferentes:

 

1) El Derecho civil de las Illes Balears, que el Estatuto de Autonomía denomina «derecho propio» (arts. 30.27 y 87 EAIB) o «de la Comunidad Autónoma» (art. 10 EAIB), que tiene cerrado, en el territorio de las Illes Balears, su ámbito de vigencia (pero no el ámbito de aplicación -por ejemplo, en función de la vecindad civil-);

2) y, por otra parte, el Derecho civil estatal, tanto en su aplicación directa y general (porque también está vigente en el territorio balear), como supletoria (art. 87.3 EAIB y art. 1.3.5ª CDCIB).

 

Artículo 10 EAIB

Las disposiciones de los poderes públicos de las Illes Balears.

Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.

 

Artículo 30 EAIB

Competencias exclusivas.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:

27. Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio de las Illes Balears, incluida la determinación de su sistema de fuentes, excepto las reglas relativas a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y de los instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de competencia estatal.

 

Artículo 87 EAIB

Derecho propio.

1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el derecho propio de las Illes Balears es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.

2. En la determinación de las fuentes del Derecho Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en el mismo se establezcan.

3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Illes Balears será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

1.ª Las disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación preferente.

2.ª Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes.

4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los principios generales que lo informan y, si se trata de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en consideración la tradición jurídica singular, contenida en las antiguas leyes y costumbres insulares; la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia, cuando existieran para aquella institución.

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Por lo tanto, como idea general, se puede decir que el Derecho civil de las Illes Balears es el conjunto de normas civiles que están vigentes exclusivamente en el territorio de las Illes Balears y son promulgadas por el Parlamento de las Illes Balears.

Siendo así, y a pesar de la vigencia del Derecho civil balear se limite al territorio de la CAIB, su aplicación se puede producir más allá de las fronteras territoriales de la CAIB (y, por tanto, dentro del Estado español o en cualquier país extranjero) y ello por los criterios de aplicación del Derecho civil que establece el Cc (u otras normativas supranacionales) y que suponen que algunas materias se aplican por criterios personales, como es la ley personal o vecindad civil (y no en función del territorio o la residencia en virtud de los arts. 14.1, 15.4 y 16.1.1 Cc).

 

Artículo 10 EAIB

Las disposiciones de los poderes públicos de las Illes Balears.

Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.

 

Artículo 2 CDCIB

Les normes del dret civil de Balears tindran eficàcia en el territori de la Comunitat Autònoma. Se n’exceptuen els casos en els quals, d’acord amb el dret interregional o internacional privat, hi són d’aplicació altres normes.

El veïnatge i els conflictes interinsulars de normes seran regulats pel Codi Civil i les altres disposicions d’aplicació general.

 

Art. 14 Cc

1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil.

2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. (…)

 

1. REGLAS GENERALES SOBRE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CIVIL BALEAR

El proceso de aplicación del Derecho supone una serie de actividades u operaciones, cuya finalidad es poner en contacto la norma con la realidad y dar a un supuesto de hecho una consecuencia jurídica, con toda la dificultad que esta operación, la que no es meramente mecánica, supone.

La Compilación no establece reglas de aplicación del Derecho, sino que las presupone; de modo que, en lo único que la Compilación quiere incidir es en el hecho de que «en la aplicación», la cual se realizará según las reglas del Código civil, hay dos elementos relevantes a tener en cuenta, los principios generales y la tradición jurídica.

 

La interpretación es la búsqueda del sentido o significado de la norma mediante textos o signos de exteriorización. La interpretación es la operación jurídica básica del proceso de aplicación y, por tanto, formando parte de éste, su regulación es competencia exclusiva del legislador estatal.

El aplicador del Derecho, cuando interprete el Derecho civil balear, seguirá las pautas dadas por el Código civil (es decir, los criterios hermenéuticos del art. 3,1 del Código Civil); ahora bien, el Derecho civil balear debe interpretarse «de acuerdo con los principios generales que lo informan» y «tomando en consideración la tradición jurídica balear».

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los principios generales que lo informan y, si se trata de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en consideración la tradición jurídica singular, contenida en las antiguas leyes y costumbres insulares; la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia, cuando existieran para aquella institución.

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

De modo que:

• Los principios generales del Derecho, a parte de ser fuente del Derecho cuando procede, tienen el carácter informador de todo el ordenamiento jurídico, del que se extraen.
• Y la interpretación de las normas, en relación con los antecedentes históricos de las mismas (art. 3,1 Cc), es importante para fijar el sentido actual de instituciones históricas [recordamos el art. 2,2 CDCEB de 1961: «Para interpretar los preceptos de esta Compilación se tomará en consideración la tradición jurídica balear …»].

 

La integración se produce en un caso de inexistencia de ley o de regulación de una institución o en el caso de falta de previsión, por parte de una ley existente, de una cuestión controvertida.

La integración obliga, por tanto, a resolver una laguna legal por la fuerza expansiva de los textos legales que regulan puntos similares (por la técnica de la analogía legis -art. 4 Cc-) o por la creación de criterios extralegales, como son los principios generales del Derecho, ahora bien, en este caso estamos ante la función de tercera fuente del Derecho de los principios generales y no en materia de aplicación.

Con todo ello, debemos incidir en que, cuando la integración se refiere a la aplicación de la norma (por ejemplo, la aplicación analógica) es el Cc el que nos da las pautas a seguir. Por el contrario, si nos referimos a la obtención de principios generales del Derecho propio, estamos en la función de fuente del Derecho.

 

1.1. Aplicación «interpretando de acuerdo con los principios generales que informan el DCB»

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los principios generales que lo informan y, si se trata de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en consideración la tradición jurídica singular, contenida en las antiguas leyes y costumbres insulares; la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia, cuando existieran para aquella institución.

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Los principios generales, no sólo entran en consideración cuando deben integrar lagunas legales (en función de tercera fuente del Derecho), sino que, para saber el verdadero alcance, sentido o significado de una norma dentro del ordenamiento jurídico, también se debe acudir a los principios generales del Derecho que vertebran y estructuran dicho ordenamiento.

Por ello, son informadores del ordenamiento jurídico, porque sabemos que éste descansa en un sistema de creencias y convicciones del grupo humano al que afecta.

En definitiva, los principios generales siempre informan el ordenamiento jurídico al que pertenecen, por lo que ayudan en la función interpretativa de las leyes y las costumbres, es decir, de las otras fuentes del Derecho.

 

1.2. Interpretación «tomando en consideración la tradición jurídica de las Illes Balears»

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los principios generales que lo informan y, si se trata de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en consideración la tradición jurídica singular, contenida en las antiguas leyes y costumbres insulares; la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia, cuando existieran para aquella institución.

 

La tradición jurídica debe tomarse en consideración en el proceso de aplicación, en concreto, durante la interpretación; pero sólo en la interpretación de una institución histórica y en paralelo a la previsión del art. 3,1 Cc en relación con los «antecedentes históricos», los cuales, en el Derecho civil balear, vendrían dados por esta expresión: «tradición jurídica singular balear», formada por, o localizada en, antiguas leyes y las costumbres, la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia.

 

 

La autointegración del ordenamiento jurídico propio mediante los principios generales propios, en función de tercera fuente del Derecho, limita la eventual alegación indiscriminada de la tradición jurídica.

 

2. EL DERECHO APLICABLE A LAS ILLES BALEARS: RELACIONES ENTRE DERECHO CIVIL BALEAR Y DERECHO CIVIL ESTATAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA APLICACIÓN

 

2.1. Aplicación preferente del Derecho civil balear «versus» supletoria del Derecho civil español

La supletoriedad es una relación entre dos Derechos diferentes, uno es «inmediatamente» aplicable y el otro en defecto de éste, por lo que se condiciona externamente la aplicación del Derecho supletorio a la insuficiencia del Derecho inmediato. Siendo así, ambos Derechos no pueden, técnicamente, entrar nunca en conflicto porque ocupan «lugares diferentes» en la jerarquía, de modo que sólo se va al Derecho supletorio en caso de laguna o defecto del primero.

 

2.1.1. La supletoriedad del Código civil a partir de la Compilación de 1961 y de la reforma del Título Preliminar del Código civil de 1973

El art. 13 Cc (originario) salvaguarda de su vigencia, como fuente directa en las Illes Balears, aquellas normas escritas o consuetudinarias que fueran opuestas (contrarias) al contenido del Cc y que estuvieran en vigor en el momento de promulgar el Cc, en 1889.

 

Artículo 13 Cc (originario)

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este Código empezará a regir en Aragón y en las Islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a aquéllas de sus disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes.

 

La Compilación de 1961 será el resultado de fundir el derecho supletorio propio (el ius commune) y el derecho principal (la aplicación consuetudinaria del ius commune -«disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes»-) con el mismo rango en un cuerpo escrito de aplicación directa y primaria en esta región.

 

Disposición final primera:

«Las normas del Derecho Civil especial balear escrito o consuetudinario, principal o supletorio, vigentes a la promulgación de esta Compilación, quedan sustituidas por las contenidas en ella».

 

A partir de la Compilación de 1961, el Derecho foral deja de ser un derecho provisional que subsiste «por ahora» y pasa a ser la premisa previa de la que se ha de partir para estructurar el ordenamiento civil de España (junto con los otros derechos civiles propios).

 

 

En definitiva, a partir de ahora, las relaciones entre los derechos forales y el Cc venderán dadas por lo que las Compilaciones establezcan y no por los originarios arts. 12 y 13 Cc que, siendo ley anterior y de igual rango, quedan superados por las disposiciones de las compilaciones que son también leyes ordinarias de las Cortes españolas.

 

Art. 13 Cc actual

1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda España.

En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales.

A partir de esta reforma del año 1974, la mayor parte de la doctrina[11] consideró que la interpretación más adecuada del art. 13 Cc era una interpretación restrictiva de que la expresión «en cuanto determinan» del art. 13 Cc limita la aplicación del título Preliminar del Cc.

Siendo así, hay que decir que no todas las normas que integran el nuevo título preliminar del Cc son de aplicación general y directa en toda España, sino que se debe tener en cuenta el contenido de las compilaciones.

 

 

Asimismo, la idea de «pleno respeto a los Derechos forales» del nuevo art. 13 Cc supone una virtualidad especial con respecto a la cláusula de la supletoriedad.

La supletoriedad del Cc, a partir de 1974, en relación con la que se presentaba en el originario art. 12 Cc, ya no es unificadora, sino integradora de las lagunas que pudiera presentar el derecho compilado, para dar cierre a su sistema jurídico.

 

 

La supletoriedad del Cc es integradora porque la expresión «con pleno respeto», del nuevo art. 13 Cc, significa que su aplicación, como norma supletoria, no puede contravenir los principios inspiradores de los derechos especiales.
 

 

En conclusión, la CDCEB 1961 tiene un único derecho supletorio: el Cc.

 

CDCEB (1961) dice en su disposición final segunda:

En lo no previsto en la presente Compilación regirán los preceptos del Código Civil que no se opongan a ella y las fuentes jurídicas de aplicación general[12].

 

Por ello, y como ya hemos dicho en otro lugar, como el derecho supletorio es único, lo que se debe hacer, a partir de este momento, es evitar la invasión del Cc por la vía de la llamada que le hace la propia Compilación y, por ello, deben cumplirse dos requisitos para poder aplicar el Código civil:

1) No debe haber norma aplicable en la Compilación.

2) El derecho civil supletorio a aplicar no puede oponerse a otras disposiciones o principios generales del derecho balear.

 

2.1.2. La supletoriedad del Código civil después de la CE de 1978

En primer lugar, queda claro que el Derecho civil balear es el Derecho de aplicación preferente en el territorio de las Illes Balears.

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

1.ª Las disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación preferente.

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

Pero, y en segundo lugar, por hechos históricos conocidos, también queda claro que el Derecho civil balear no es un ordenamiento jurídico que contemple todos los supuestos que se pueden dar. Ahora bien, tiende a ser completo y, por ello, los principios generales del Derecho civil propio son fuente de este Derecho y es con este hecho que tenemos que enlazar la aplicación del Derecho civil estatal.

La aplicación supletoria del derecho civil estatal (procedimiento de heterointegración) tiene la función de completar los ordenamiento civiles propios que, históricamente, eran incompletos y tenían el tratamiento de derecho especial.

 

Artículo 149 CE

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

El Derecho civil estatal es de aplicación supletoria a falta de norma propia, por insuficiencia normativa temporal debida a la inactividad legislativa del legislador autonómico. Por lo tanto, actualmente, el Derecho civil balear es incompleto por falta de actividad legislativa, pero tiene la sistemática de ordenamiento jurídico.

El derecho civil estatal se puede aplicar de manera supletoria, por lo tanto, cuando el derecho civil propio debería aplicarse de manera directa por tener competencia, pero el Parlamento IB no la ha ejercido.

En conclusión, y fruto de la preferencia del Derecho civil balear cuando la CAIB es la competente, el Derecho civil estatal sólo puede aplicarse si concurren dos circunstancias:

 

(A) La norma civil estatal de aplicación supletoria no puede ser contraria a los principios generales que informan el ordenamiento jurídico balear, en conexión con la función negativa que cumplen estos principios.

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Por tanto, y en relación con el sistema de autointegración que permite los principios generales del Derecho propio como tercera fuente del Derecho, sólo aplicaremos el Derecho civil estatal cuando haya una laguna y no hayamos podido autointegrar nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo con un principio propio, supuestamente porque no lo tenemos.

 

Como ejemplo de laguna no querida y, por tanto, de caso donde entra supletoriamente el Código civil español, podemos recordar el supuesto de falta de regulación en relación con el derecho real de servidumbre de paso; ya que, por ahora, en este caso, nuestro ordenamiento jurídico es insuficiente.

 

En definitiva, se trata de una falta de legislación y de una laguna no querida.

 

(B) Existe una laguna no querida por el legislador:

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Debe tratarse de un caso donde exista una auténtica laguna y no un vacío normativo (o laguna de derecho) que el legislador autonómico no quiera llenar, por entender que llenarlo con el Derecho supletorio es contrario a los principios informadores propios.

Será el recurso a los principios generales del Derecho en función informadora, y también como fuente del Derecho, lo que nos llevará a la evidencia de que la «laguna» es querida por el legislador y que una determinada institución del Derecho supletorio es ajena a los principios generales informadores de nuestro ordenamiento jurídico civil.

 

 

 

2.1.3. La supletoriedad del Código civil y la declaración de «derecho común» de la Compilación balear

Con el agotamiento de las posibilidades normativas del derecho principal (el derecho civil balear –frente al supletorio, el Cc-) se llega a la consideración del derecho principal como derecho común, lo cual, cuando el derecho principal es completo o casi completo pasa a ser el primer supletorio, como derecho común.

En las Islas Baleares, su Derecho “común” se designó estatutariamente como Derecho “propio”, en el art. 50.3 EAIB 1983 (y en el actual art. 87.3 EAIB).  

 

Artículo 87 EAIB

Derecho propio.

1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el derecho propio de las Illes Balears es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.

2. En la determinación de las fuentes del Derecho Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en el mismo se establezcan.

3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Illes Balears será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

 

Con el art. 87.1 EAIB, el Derecho civil balear, considerado como común (propi), es aplicable con preferencia a cualquier otro Derecho civil, en materia de competencias de la Comunidad de las Illes Balears (ad intra), en su respectiva circunscripción territorial (art. 10 EAIB).

 

Artículo 10 EAIB

Las disposiciones de los poderes públicos de las Illes Balears.

Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.

 

Lo recuerda también la Compilación al señalar que las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán supletoriamente a las otras leyes.

 

Artículo 1 CDCIB

De la aplicación del Derecho civil de Baleares

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

2.ª Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes.

 

Desde este punto de vista, el Derecho civil propio o común lo es por razón de la materia cuya amplitud permite que la norma que la regula tenga, en el ordenamiento jurídico general (la Compilación), la cualidad de derecho común[16], es decir, de derecho supletorio general (de manera análoga al art. 4.3 Cc[17]).

Esta cualidad de “común” se dará no sólo cuando una regulación se incorpore a la Compilación, sino también en el caso de una ley civil (ex art. 30.27 EAIB) situada fuera de la Compilación (en el sentido de “derecho civil de la comunidad autónoma” ex art. 10 (EAIB).

Esto lo podremos argumentar así porque dicho derecho (o ley) civil autonómico (constitutivo de normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma -art. 10 EAIB- en materia civil, ex art. 30.27 EAIB y art. 149.1.8ª CE) se establece sobre el sustrato normativo, jurídico y competencial de la Compilación, adquiriendo así, en su caso, por la conexión suficiente a ella, el carácter de “derecho común”.

Por lo tanto, el DCB es el derecho exclusivamente vigente en las Illes Balears y sus disposiciones constituyen el derecho común de las Illes Balears que se aplicarán supletoriamente a las otras leyes.

 

2.2. Aplicación del Derecho civil español por remisión al Cc por parte de la Compilación balear. Supletoriedad versus remisión al derecho supletorio

La CDCIB utiliza las remisiones al Código civil como forma de legislar.

La aplicación de un derecho supletorio por remisión o, dicho de otra forma, la remisión a un derecho supletorio que realiza la Compilación en las materias reguladas por ella, nos lleva a la distinción entre la técnica aplicativa del derecho que es la supletoriedad (heterointegración cuando la autointegración no es posible, por tratarse de un ordenamiento civil incompleto) y la técnica legislativa que usa la Compilación que supone la remisión a un derecho supletorio, el Código Civil.

 

Por tanto, hay que tener presente que en las materias tratadas por la Compilación, la integración de los vacíos normativos se realiza, no sólo por autointegración (art. 1.3.3ª CDCB), sino también de forma heterónoma, no por supletoriedad (art. 1.3.5ª CDCB), sino mediante remisiones al Cc y por la aceptación de la remisión genérica al Cc como derecho supletorio.

 

 

 

 

Las remisiones al Cc suponen una diferencia respecto a la supletoriedad general del derecho civil estatal y es que, en las remisiones, la regulación del Cc entra en la Compilación (en el Derecho civil balear) sin tener que ponderar si la norma civil estatal es contraria al derecho civil propio y, por tanto, a las remisiones no les afecta la condición de que no se opongan a la Compilación.

 

 

Así, se entiende que las remisiones respetan, de hecho, las reglas establecidas en la Compilación y las especialidades baleares, porque el legislador ya lo ha ponderado cuando ha hecho la remisión. Otra cosa es que deban someterse a la interpretación teleológica (y los demás criterios interpretativos del Cc) por parte del aplicador del derecho.

 

Dichas remisiones son estáticas, debido a que las Illes Balears tienen Parlamento con competencia para legislar y, por ello, el legislador balear puede optar por esta técnica legislativa de remisiones donde lo que hace es declarar aplicable, a materia civil que es de derecho civil propio (y que, por tanto, le correspondería regular), normas del Cc.

Así, de acuerdo a la Disposición Final 2º CDCIB (en su redacción originaria), las remisiones de la Compilación a las disposiciones del Código civil «se entienden hechas en la redacción vigente a la entrada en vigor de esta Ley».

A partir de la Ley 7/2017, dice la Disposición Final Segunda, que:

«Las remisiones que esta Compilación hace a las disposiciones del Código civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, excepto las modificaciones posteriores, respecto de las cuales las remisiones que estas hagan al Código Civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor de cada ley de modificación»[20].

 

 

Esta solución, a partir de 2017 («s’entenen fetes a la redacció vigent a l’entrada en vigor de cada llei de modificació») perfila un sistema que requerirá de una labor de seguimiento de los antecedentes legislativos de cada disposición de la Compilación, para averiguar con qué norma del Cc ha completarse la misma, cuando haya remisiones.

 

 

2.3. Aplicación directa del Derecho civil español ex art. 149.1.8ª CE. En realidad, una cuestión de competencia legislativa

El Derecho civil estatal es derecho de aplicación preferente y directa cuando se trata de materias civiles donde el legislador balear no es competente.

 

(A) No hay duda de que el legislador balear no es competente en las materias civiles concretas enumeradas en el art. 149.1.8ª CE.

 

Artículo 149 CE

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

 

Observamos, por tanto, que la CE señala un listado de materias civiles en las que el Derecho civil estatal tiene aplicació directa porque el legislador estatal tiene competencia exclusiva y excluyente, por lo que el poder legislativo de las CCAA no puede tener nunca entrada (aunque, históricamente, hubiera habido regulaciones «forales» de alguna de estas materias).

 

(B) Con relación a si es o no competente el legislador balear en todas las otras materias (instituciones civiles) no enumeradas en este artículo, nos remitimos a la doble interpretación posible de los límites de la competencia civil de las CCAA con derecho civil propio. Doble interpretación que depende de donde se fija el límite del «desarrollo» del derecho civil propio, como competencia exclusiva de la CA, y de si este límite llega o no hasta la frontera de las materias reservadas siempre al Estado («en todo caso»).

 

(1) Por una parte, la interpretación de que el desarrollo del derecho civil propio sólo encuentra el límite de las materias atribuidas al Estado «en todo caso», es decir, de manera exclusiva y excluyente (por ejemplo: art. 129 EAC: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de derecho civil, salvo en las materias que el artículo 149.1.8ª de la Constitución atribuye en todo caso al Estado»).

 

 

(2) La interpretación de que el desarrollo del derecho civil propio de las CCAA, con derecho civil propio, llega hasta donde hay conexión con las materias civiles originariamente previstas en el Derecho propio (recordemos la stn. 88/1993 del TC: «Dentro de una actualización o innovación de los contenidos .. según los principios informadores»).

Esto supone que no hay conexión para desarrollar todo tipo de materia civil, a pesar de no sean las materias que son competencia exclusiva («en todo caso») del Estado.

Ahora bien, con esta interpretación se puede llegar al mismo resultado que con la primera interpratación o tesis, pero requiriéndose una cronología.

 

 

En definitiva, puede resultar que el desarrollo no tenga otro límite potencial que la lista de materias del art. 149.1.8ª CE.

 

 

 

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[1] Las apelaciones a la eficacia territorial del propio Derecho civil que podemos ver en los estatutos de autonomía y en las legislaciones civil autonómicas no tienen ninguna relevancia por el principio de unidad de jurisdicción, sólo existe una lex fori, aunque «plural». En: Álvarez González, Santiago, «Cuarenta años de pluralismo civil en España. Desarrollo y conflictos internos e internacionales». Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz, 2019, p. 49.

[2] Toda norma que se dirige a regular situaciones conectadas con más de un sistema jurídico y toda norma que regula supuestos de interregionalidad: «la atribución de dicha competencia al Estado no solo significa que los legisladores autonómicos no puedan dictar normas de Derecho interregional, sino que es una reserva que, al mismo tiempo, sustrae de la competencia autonómica la regulación de determinados supuestos: los supuestos de interregionalidad, por lo que dicha competencia queda reservada a los supuestos estrictamente homogéneos: aquéllos exclusivamente vinculados a la propia comunidad autónoma». Veure: Álvarez González, Santiago, «Cuarenta años de pluralismo civil en España. Desarrollo y conflictos internos e internacionales». Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz, 2019, p. 42.

[3] «el régimen de vecindad civil no es competencia de los legisladores autonómicos y su utilización para delimitar el ámbito de aplicación de su Derecho civil tampoco»: Álvarez González, p. 61.

[4] Álvarez González, Santiago, pp. 44-45, 47.

[5] Por «ausencia de conciencia del legislador de que cuando modifica una norma estatal de DIPr está modificando también una norma de Derecho interregional … la estrategia del legislador español ha sido esperar a que le hiciese el trabajo el legislador europeo y la incorporación de convenios internacionales»: Álvarez González, p. 52.

[6] Álvarez González, p. 78.

[7] GALICIA AIZPURUA, G. “El reglamento Europeo de sucesiones y el carácter plurilegislativo del ordenamiento Civil Español”, 2015. https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/el-reglamento-europeo-de-sucesiones-y-el-caracter-plurilegislativo-del-ordenamiento-civil-espanol/

[8] Otra resolución que señala, aplicando el Reglamento (UE) nº 650/2012, que a los extranjeros residentes en las Islas Baleares les sería de aplicación el Código civil español, y no el Derecho civil balear, es la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de mayo de 2019.

[9] IGLESIAS BUIGES, J.L. «La remisión a la ley española en materia sucesoria y de régimen económico matrimonial», 2018. https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4122

[10] GALICIA AIZPURUA, G. “El reglamento Europeo de sucesiones y el carácter plurilegislativo del ordenamiento Civil Español”, 2015. https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/el-reglamento-europeo-de-sucesiones-y-el-caracter-plurilegislativo-del-ordenamiento-civil-espanol/

[11] DELGADO ECHEVERRÍA, J. «Los Derechos civiles forales en la Constitución». Revista jurídica de Catalunya (1979), p. 643-667; «El origen del primitivo art. 13 del Cc…», cit., p. 657-661. HERRERO DE MIÑÓN, M. «Marginales al nuevo Título preliminar del Código civil». Documentación jurídica (1974), p. 359; «Marginales al nuevo Título Preliminar del Código civil». Revista Española de Derecho Administrativo (1974), p. 361. LALAGUNA DOMÍNGUEZ, E. «Valor del Código civil como Derecho común después de la reforma del Título preliminar». Documentación jurídica (1974), p. 162-164; «Comentario al art. 13 del Cc», en ALBALADEJO, M. i DÍAZ ALABART, S. (dir.). Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tom I. Vol. 2n, art. 8 a 16 del Cc (2a ed.). Madrid: Edersa, 1995, p. 1083-1201; «Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional. Comentario al art. 13 Cc», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tom I. Madrid: Edersa, 1978, p. 451-477; «Ámbito territorial de aplicación del Cc». Revista de Derecho Privado, tomo LXI (1977), p. 311-329; «Aplicación del Código civil como Derecho supletorio de otras leyes». Revista de Derecho Privado, tomo LX (1976), p. 598-622; «Comentario al art. 13 Cc», en Comentarios a las reformas del Código civil. Tom I. Madrid: Tecnos, 1977, p. 681-703.

[12] Dicha redacción ya se encuentra en el art. 34 de la Memoria de RIPOLL i PALOU: «Toda la Legislación referente á censos contenida en el Derecho común, regirá en el territorio Balear, en cuanto no se oponga á lo determinado en los artículos anteriores».

[13] Artículo 1320 Cc: «Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.»

[14] Sentencia del TSJIB de 3 de septiembre de 1998.

[15] Artículo que fue modificado por la Ley 41/2003 para atender a fines como ofrecer: «al legitimario con discapacidad que lo necesite un legado legal del derecho de habitación sobre la vivienda habitual en la que conviviera con el causante, si bien a salvo de cualquier disposición testamentaria de éste sobre el derecho de habitación».

[16] Sentència del TS de 28 de juny de 1968 (Colección legislativa, Junio de 1968, núm. 533 bis. pp. 605 a 609): El Derecho foral como Derecho supletorio del Derecho mercantil. El Derecho foral como Derecho especial y común de sus aforados y no como Derecho excepcional.

[17] Artículo 4 Cc: «3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.»

[18] En sus reglas: 1.ª Las disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación preferente (como dice el art. 87.1 EAIB), 2.ª Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes (como también se desprende del art. 87.1 EAIB al decir «con preferencia a cualquier otro») y 5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

[19] LLODRÀ GRIMALT, F. «La Llei 7/2017, de 3 d’Agost: Recopilació o codificació del Dret civil balear?». Participación en una mesa redonda en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares (texto inédito pero se recoge un resumen del acto en la revista Mísser del ICAIB).

[20] Disposición Final Segunda CDCIB

Les remissions que aquesta Compilació fa a les disposicions del Codi civil s’entenen fetes a la redacció vigent a l’entrada en vigor del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, excepte les modificacions posteriors, respecte de les quals les remissions que aquestes facin al Codi civil s’entenen fetes a la redacció vigent a l’entrada en vigor de cada llei de modificació.

[21] «Davant la realitat indiscutible de la potestat legislativa del nostre Parlament quant a la conservació, modificació i desenvolupament del Dret civil propi, s’ha estimat imprescindible constatar a la Disposició Final Segona que les remissions a les disposicions del Codi civil s’han d’entendre fetes a la seva redacció actual. Qualsevol modificació d’aquestes, per tant, haurà de ser assumida per la nostra Comunitat Autònoma. Si no ho feia així, comportaria, en conseqüència, que a Balears continuarien regint els preceptes del Codi en la seva actual redacció.  Mantenir el contrari suposaria escapçar, anticonstitucionalmen i antiestatutariament, la pròpia potestat legislativa ja esmentada, sempre que la remissió no es faci a matèries que siguin de la competència exclusiva de l’Estat.»

[22] El artículo 24 del Proyecto de Ley de la Compilación de 1990 modifica la Disposición Final segunda que tendrá la siguiente redacción: “Les remissions que fa aquesta Compilació a les disposicions del Codi Civil s’han de considerar fetes a la redacció actual d’aquest”. Era la misma dicción de la Disposición final tercera de la Compilación catalana (Decreto legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña): «Las remisiones que esta Compilación hace al articulado del Código Civil se entenderán siempre efectuadas en su redacción actual».

Esta Disposición plantea el problema de las remisiones estáticas al Código civil. Se señala, en relación con este tema, que la expresión “a la redacción actual” puede no tener un contenido claro dentro de unos años ya que siempre existirá una “redacción actual” del Cc y “puede ser que no sea la que lo es en el momento de entrada en vigor de nuestra Compilación”. Para aclarar el contenido de este precepto, la enmienda aceptada núm. 22 del Grupo PSM-EEM propone la siguiente redacción de la D.F. segunda que será la definitiva: “Las remisiones que hace esta Compilación a las disposiciones del Código Civil se entenderán hechas a la redacción vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley”.